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Presunto peculado: imputaron a Miguel Jofré y a otros tres funcionarios

En el caso que se conoció por Canal 8, la Justicia formalizó el pedido de investigación con 8 meses previo al juicio. Se investiga peculado y abuso de autoridad.

Luego de que se diera a conocer por Canal 8 la denuncia por presuntas irregularidades con fondos públicos, realizada el 23 de marzo de este año por el director del CEF N°20, la Justicia imputó a cuatro presuntos responsables.

En esta horas se realizó la formalización con cuatro funcionarios investigados. El exJefe de Náutica, Miguel Jofré, quien fue el vicedirector del Centro de Educación Física, la supervisora Carmen Villanova, quien fue la encargada de controlar las maniobras realizadas, por pedido del Ministerio de Educación, Mario Sanz y Daniel Samat, quienes estuvieron al frente de la Cooperadora del establecimiento.

"Se ha formalizado la investigación, comenzando con cuatro funcionarios investigados", aseguró el fiscal que está al frente de la causa, Francisco Micheltorena a sanjuan8.com.

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En este sentido, la jueza Gema Guerrero determinó un plazo investigativo de 8 meses para la colección de pruebas que harán al sustento legal del juicio y la excarcelación de los implicados. La imputación por el momento fue por peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Miguel Jofré; Daniel Samat (quien aseguró ante la Justicia, que tiene pruebas que respaldarían una defensa sólida) está imputado por participación necesaria e incumplimiento de deberes de funcionario; de igual modo el ex presidente de la Cooperativa Mario Sanz fue imputado por la incumplimiento de los deberes y la supervisora Villanova corre con la misma suerte.

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La recaudación de la cuota societaria fue lo que destrabó el entuerto, no está por ahora en el foco de la investigación, ya que lo primero que debe hacer la justicia es comprobar que hubo peculado y quiénes fueron los responsables, por ello también se descarta por el momento la investigación por presunta asociación ilícita.

En marzo, estalló el escándalo por las cuotas

Todo se destapó por el presunto cobro de las cuotas obligatorias que la cooperadora intimaba en concepto de alquiler de la cancha de Hockey sobre Césped sintético, y demás ofrecimientos deportivos del predio, a los equipos que llegaban a prepararse en diversas categorías y disciplinas.

Hasta el año pasado, esa cuota fue de $500 por jugador, luego pasó a costar $15.000 por equipo y este año sería de $1.000 por jugador (con una referencia estimada de entre 12 y 15 jugadores por equipo), según informaron a sanjuan8.com, los damnificados.

Además del alquiler de las canchas, se cobró $2.000 por el derecho a la localía cada vez que se jugaron partidos independientes a los entrenamientos. Generalmente, esto ocurre los sábados y domingos con seguridad, aunque también hay encuentros entre semana. Además, según confiaron las fuentes a este medio, se cobró entre $50 y $100 por el ingreso de autos y motos.

"Si se mantiene la acusación a los efectos de la pena, no es de trascendencia el monto, por el momento. El hecho delictivo se concentra en la actividad patrimonial del Estado, de la administración pública. Según los informes que tenemos, los involucrados no tenían autorización para cobrar ese dinero", explicó Micheltorena.

Leé la investigación completa

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Esta situación viene de 2019 cuando se jubiló el anterior director del CEF”, contó Vicentela, quien aseguró "no poder" dirigir la institución por la obstrucción de miembros de la cooperadora que hacen uso de llaves, manejan el dinero, los supuestos papeles y los recibos que son expedidos a los equipos, de puño y letra, firmados por una supuesta empleada que no pertenecería al Ministerio de Educación y por su hija.

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"Los montos que se abonan por cooperadora, por ley, son voluntarios. No tiene atribuciones para prohibir su ingreso al predio escolar, ni mucho menos para cobrar por su ingreso”, expresó el director. Este informe fue elevado a la supervisora interviniente, Sandra Vilanova, solicitando que se inicie un expediente ante Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación. Además de las acusaciones por maltrato que hubo en el lugar, se le atribuye el incorrecto manejo de llaves y de documentación institucional que le es negada a la nueva autoridad. Esta investigación nunca se inició.

Después de conocido el escándalo, la Granja permaneció cerrada por varios meses hasta que se hizo cargo oficialmente el director concursado Walter Vicentela, quien había puesto la denuncia y su personal, bajo la mira del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Deportes.