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Acueducto Gran Tulum: sin imputaciones y nuevo cuarto intermedio

La jueza Mónica Lucero dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles 11 de noviembre, a las 14.30. La magistrada aclaró que se trata de una audiencia de formalización y que este martes todavía no hubo imputaciones.

La audiencia por la causa del Acueducto Gran Tulum pasó a cuarto intermedio y continuará este miércoles 11 de noviembre, a las 14.30, por decisión de la jueza de Garantías Mónica Lucero. Durante la jornada de este martes, la Fiscalía adelantó los principales aspectos de la investigación y se comprometió a desarrollar los hechos atribuidos a los involucrados en la próxima instancia.

Uno de los puntos que la magistrada se encargó de aclarar fue la etapa procesal en la que se encuentra el expediente. Aunque se trata de una audiencia clave, no es un juicio ni hubo imputaciones durante este martes.

El procedimiento corresponde a la formalización de la investigación penal preparatoria, instancia en la que el Ministerio Público Fiscal debe exponer los hechos que investiga y las posibles responsabilidades.

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La decisión de pasar a cuarto intermedio se tomó luego de que la Fiscalía asumiera el compromiso de desarrollar su teoría del caso. La audiencia continuará mañana con esa exposición, que permitirá conocer con mayor precisión cuáles son las conductas que se les atribuyen a los investigados.

Durante la audiencia, la jueza realizó un repaso de la denuncia que dio origen a la causa y de su posterior ampliación, presentada aproximadamente un mes después.

Esta última incorporó cuestionamientos que alcanzaron a funcionarios de distintas gestiones de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), mandos vinculados con la obra y empresas proveedoras.

Entre los aspectos que forman parte de la investigación aparecen presuntas irregularidades en los procesos de contratación, controles técnicos y administrativos y condiciones de los materiales utilizados para construir el acueducto.

La hipótesis fiscal apunta a posibles acuerdos entre funcionarios y particulares para favorecer la participación de la empresa Krah América Latina S.A. en la obra. También se busca establecer si las cañerías seleccionadas reunían las condiciones técnicas necesarias para soportar la presión requerida para transportar agua.

En ese punto, la investigación contempla advertencias que habría realizado una de las empresas que participó en el proceso de habilitación, General Plastic, sobre la aptitud de los materiales.

Otro aspecto bajo análisis es el financiamiento de la obra. Según los datos expuestos por la Fiscalía, el Tesoro nacional habría enviado siete transferencias por un total de $414.653.578, fondos que luego fueron remitidos a OSSE para efectuar pagos al adjudicatario.

Ese aporte representaría la mitad del financiamiento, mientras que el resto habría provenido de préstamos internacionales de Kuwait y del OFID.

La audiencia tuvo entre sus presentes al exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac y al diputado nacional Cristian Andino, quienes habían faltado a la primera convocatoria. También estaban convocados exdirectivos de OSSE y otros funcionarios vinculados con la ejecución del proyecto.

El exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino no asistió porque había informado que se encontraba de viaje en el exterior. Además, la defensa de Gustavo Mastelono, representante de Krah América Latina S.A., aludió a inconvenientes por los que no se presentaría a la audiencia.

Los once convocados están vinculados con distintas etapas de la obra y con responsabilidades políticas, administrativas, técnicas o empresariales. Entre ellos se encuentran los exdirectivos de OSSE Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz y Juan Carlos Caparrós; el exministro Julio Ortiz Andino; los funcionarios Juan Sánchez, Francisco Javier Correa, Rolando Vicente Caruso y Humberto Caballero; además de Uñac, Andino y Mastelono.

La formalización había sido reprogramada el pasado 14 de octubre, cuando la jueza Lucero aceptó suspender la audiencia por la ausencia de Uñac y Andino, quienes habían alegado compromisos laborales.

En aquella oportunidad, todas las partes estuvieron de acuerdo con la postergación. Esta vez, el Ministerio Público Fiscal y Fiscalía de Estado se pronunciaron en contra de volver a fijar otra fecha.

La investigación comenzó en diciembre de 2025, a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, luego de que trascendieran publicaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en la megaobra. Está a cargo de los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales.

En septiembre, la Fiscalía realizó allanamientos en oficinas de Krah, donde secuestró documentación y computadoras para analizar las condiciones de provisión de los materiales y posibles irregularidades económicas.

La audiencia continuará este miércoles 11 de noviembre a las 14.30, cuando la Fiscalía deberá desarrollar los hechos investigados ante la jueza Mónica Lucero.