José Oscar Muñoz fue imputado por presunta insolvencia fraudulenta tras vender una propiedad por $176 millones y donar parte de otro inmueble a sus hijos. La Fiscalía investiga si buscó dificultar el pago de una indemnización por tres muertes.
La condena por la muerte de tres jóvenes en un departamento de Capital en el 2023 abrió un nuevo capítulo judicial.
José Oscar Muñoz, condenado junto con su esposa por homicidio culposo agravado, ahora es investigado por presuntamente haberse desprendido de parte de su patrimonio para dificultar el pago de una indemnización civil derivada de aquella tragedia.
La sospecha se centra en dos operaciones inmobiliarias realizadas en 2025, después de la condena penal.
El juez de Garantías Alberto Caballero formalizó la investigación por presunta insolvencia fraudulenta y dispuso que Muñoz permanezca en libertad, aunque con restricciones durante seis meses. Entre ellas, ordenó la inhibición para disponer de sus bienes, la obligación de someterse al proceso y la prohibición de salir de San Juan sin autorización judicial.
La causa está a cargo del fiscal Yanardi de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas. La hipótesis es que los movimientos patrimoniales podrían haber comprometido la posibilidad de cobrar una indemnización reconocida judicialmente. Por ahora, se trata de una imputación provisoria y será la investigación la que determine si existió una maniobra deliberada para eludir el pago.
La primera operación investigada se concretó el 16 de abril de 2025, cuando Muñoz vendió una propiedad ubicada sobre avenida Córdoba por $176 millones. La segunda ocurrió el 23 de junio de ese año, cuando donó a sus hijos el 50% de su participación en un inmueble situado en Esteban Echeverría 460 Norte, en Capital.
Ambos movimientos se realizaron mientras estaba en trámite el reclamo civil por daños y perjuicios. Para la Fiscalía, la secuencia es relevante porque podría haber reducido los bienes disponibles para responder por la obligación económica.
La investigación no busca determinar únicamente si las operaciones se realizaron, sino también establecer si tuvieron como finalidad evitar o entorpecer el cumplimiento de la indemnización.
Durante la audiencia, la defensa, a cargo del abogado Andrés Bertagna, planteó que existía una cuestión previa que debía resolverse en el fuero civil. Sin embargo, el juez Caballero no hizo lugar al planteo y permitió que la investigación penal avanzara.
El expediente tiene como antecedente la muerte de tres jóvenes encontradas el 12 de agosto de 2023 en un departamento de calle Entre Ríos 339 Norte, en Capital. Las víctimas eran dos mujeres trans y una adolescente de 17 años que habían alquilado temporalmente el inmueble.
La investigación determinó que las tres murieron por intoxicación con monóxido de carbono. El departamento había sido acondicionado en un garaje y contaba con artefactos a gas instalados sin las condiciones de seguridad necesarias. Además, no tenía las rejillas de ventilación correspondientes.
Por esas muertes, el 10 de abril de 2024 Muñoz y su esposa, Teresa Elizabeth Scalise, fueron condenados a tres años de prisión condicional e inhabilitación especial por seis años por homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas.
Después de esa condena, Lorena Marta Otárola inició una demanda civil por derecho propio y en representación de los intereses derivados de la muerte de su hija. La Justicia hizo lugar al reclamo y ordenó el pago de una indemnización, más los intereses correspondientes.
La nueva causa se concentra en lo ocurrido después de la condena y en la posibilidad de que las operaciones inmobiliarias hayan afectado el cumplimiento de la obligación civil. La venta por $176 millones y la donación de una parte de otro inmueble son los movimientos que la Fiscalía busca esclarecer.
El hecho de vender una propiedad o donar bienes no constituye por sí solo un delito. Para sostener una acusación por insolvencia fraudulenta, deberá acreditarse que las operaciones se realizaron con la finalidad de frustrar o dificultar el cumplimiento de una obligación. Ese es el punto que deberá probarse durante el proceso.
Mientras tanto, la inhibición de bienes dispuesta por el juez busca limitar nuevas operaciones patrimoniales durante el avance de la investigación. Muñoz continuará en libertad, pero deberá cumplir las restricciones fijadas por la Justicia durante los próximos seis meses.
