La decisión establece además una excepción concreta: únicamente las autoridades competentes de San Juan, a través del Ministerio de Minería, pueden disponer medidas que afecten la operatoria.
Según lo informado, el proyecto cuenta con las habilitaciones correspondientes otorgadas por la autoridad de aplicación provincial, lo que respalda su funcionamiento dentro del marco legal vigente.
En ese contexto, la medida cautelar actúa como una garantía jurídica para sostener la actividad mientras se analizan las implicancias del conflicto generado por las disposiciones adoptadas en la provincia vecina.
Mientras tanto, la empresa mantiene sus operaciones con normalidad, priorizando la seguridad y la continuidad de las tareas. En paralelo, avanza con gestiones institucionales y legales orientadas a regularizar el acceso a las zonas de trabajo que se vieron afectadas por las restricciones externas.
El fallo introduce un elemento central en la disputa: la delimitación de competencias entre jurisdicciones, en un escenario donde la actividad minera vuelve a quedar atravesada por tensiones interprovinciales.