Uno de los principales objetivos del Ejecutivo es recuperar y modernizar el histórico establecimiento ubicado sobre avenida José Ignacio de la Roza, frente a la Plaza 25 de Mayo, para que vuelva a funcionar con una categoría mínima de tres estrellas superior.
El contrato prevé que el concesionario se haga cargo de la explotación integral del complejo, incluyendo las 101 habitaciones, el restaurante, el bar, los salones para eventos, la piscina, el gimnasio, el estacionamiento y el resto de los espacios del edificio.
Además, el adjudicatario tendrá la obligación de presentar un plan integral de negocios, un proyecto arquitectónico, un cronograma de obras y un programa de inversiones que detalle las mejoras previstas tanto en habitaciones como en áreas comunes, cocina, lobby y espacios recreativos. También se valorarán propuestas que incorporen criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y uso de energías limpias.
Uno de los compromisos más importantes será la rápida puesta en funcionamiento del hotel. El pliego establece que deberá reabrir sus puertas dentro de los cuatro meses posteriores a la firma del contrato, mientras que las obras de reacondicionamiento podrán extenderse hasta un máximo de dos años. Los trabajos deberán comenzar dentro de los primeros 30 días de firmado el acuerdo.
El esquema económico también contempla un canon mínimo mensual de $14 millones, que se actualizará trimestralmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las empresas que ofrezcan un monto inferior quedarán automáticamente excluidas.
Para incentivar las inversiones iniciales, el Gobierno estableció un sistema de bonificaciones sobre ese canon. Durante los primeros seis meses el adjudicatario podrá pagar solo el 50% del monto, siempre que cumpla con el cronograma de inversiones comprometido. Luego las reducciones serán del 37,5% entre los meses 7 y 12, del 25% entre los meses 13 y 18 y del 12,5% entre los meses 19 y 24. A partir del mes 25 deberá abonarse el canon completo.
En caso de incumplir con el plan de obras, la empresa perderá esos beneficios, deberá devolver los descuentos obtenidos y podrá ser sancionada conforme a lo establecido en el contrato.
La Provincia también puso el foco en la protección de los trabajadores. El futuro concesionario deberá acreditar el pago de salarios e indemnizaciones al finalizar el vínculo contractual para recuperar la garantía de adjudicación. Asimismo, el impacto social del proyecto tendrá un peso importante dentro de la evaluación, junto con la experiencia de los oferentes, su capacidad financiera, la propuesta técnica y el monto del canon ofrecido.
El Gran Hotel Provincial volvió a manos del Estado en octubre del año pasado, tras finalizar la concesión anterior. Con esta nueva convocatoria, el Gobierno busca reactivar definitivamente uno de los principales íconos de la infraestructura turística sanjuanina y devolverle un rol central dentro de la oferta hotelera de la provincia.
