Costos y consecuencias
Cada operativo ante una amenaza cuesta entre 2 y 3 millones de pesos, según fuentes de Seguridad, sin contar el costo del traslado de los fiscales. Esto incluye movilización de bomberos, policía, evacuación de edificios, uso de escáneres, perros y dispositivos anti explosivos. El gasto resulta muchas veces irrecuperable: incluso si se identifica a los responsables, los montos suelen ser simbólicos frente a la inversión estatal.
La justicia y el debate sobre las penas
Desde el Ministerio de Seguridad reconocen que hay una preocupación creciente y aseguran que se trabaja en endurecer las penas. Algunos jueces ya han impuesto condenas, como el caso del Centro Cívico, donde se dictó prisión efectiva, o el de la escuela Boero, donde dos adultos fueron obligados a realizar un curso de dos meses como bomberos voluntarios, además de pagar 4 millones de pesos en cuotas.
Sin embargo, estas sentencias siguen siendo excepcionales frente al volumen de casos registrados. La mayoría de los responsables son menores de edad, lo que limita las posibilidades de castigo formal. Y aun cuando se trata de mayores, las penas suelen reducirse a sanciones económicas que, en muchos casos, resultan poco disuasivas. Por eso, hay voces que cuestionan si una multa y un curso son castigos suficientes ante delitos que movilizan recursos millonarios, interrumpen la actividad pública y generan un clima de pánico colectivo.
Además, el reciente caso del Estadio Aldo Cantoni dejó en evidencia otra falla: si bien se activó el protocolo, no hubo requisamiento de los asistentes ni un operativo de control exhaustivo dentro del predio. Eso dificultó la búsqueda del supuesto explosivo y expuso la falta de preparación logística frente a eventos masivos.
Educación, concientización y el rol del Estado
Fuentes del área de Seguridad, adelantaron qué en conjunto con las escuelas se pondrán en marcha charlas y seminarios para concientizar sobre las consecuencias legales, sociales y humanas de este tipo de amenazas. "Queremos trabajar codo a codo con las instituciones educativas. Pero también se necesitan medidas urgentes. No se puede minimizar más esta problemática", señalaron.
Una problemática compleja que exige respuestas urgentes y coordinadas
Las amenazas de bomba en San Juan ya no son bromas ni travesuras: representan un serio problema de seguridad pública y un costo millonario para el Estado. Si bien algunos casos han logrado derivar en condenas, muchos otros quedan sin consecuencias. Es urgente que la justicia, el Estado y el sistema educativo actúen en conjunto. No solo para sancionar, sino para prevenir. La educación, la concientización y las penas ejemplares deben ser parte de una misma estrategia. Porque hoy, en San Juan, el riesgo está a una llamada de distancia.
Además, estos casos y estadísticas dejan en evidencia que el sistema judicial aún no está del todo preparado para actuar de forma inmediata y con severidad. Está claro que deben respetarse los lineamientos de la Constitución y lo que dicta la Justicia, pero cuando los responsables son menores de edad, se abre otra incógnita: ¿quién paga realmente por esas decisiones? ¿Son los padres los responsables finales? La respuesta a ese dilema aún está en deuda, y forma parte del debate que el Estado y la sociedad deben asumir sin demoras.
Por Gabriel Rotter.
