Ambos estudiantes, que cursan el último año de la especialidad Electromecánica, terminaron imputados como coautores materiales del delito de Intimidación Pública, en perjuicio del orden público.
En la audiencia de formalización, control de detención y suspensión del proceso a prueba que se realizó en la Sala 4 de Tribunales, la Justicia resolvió concederles la probation, es decir, la suspensión del juicio a prueba. Como condición, Fernández y Barassi deberán pagar, entre ambos, una suma total de $4 millones ($2 millones cada uno), que se abonará en seis cuotas iguales y consecutivas de $333.333, con vencimiento del 1° al 10 de cada mes a partir de septiembre de 2025.
Además, tendrán que cumplir 24 horas de trabajo comunitario en el plazo de tres meses, en el municipio correspondiente a sus domicilios o donde lo disponga la Oficina de Medidas Alternativas (OMA). Y por último, realizarán un curso por única vez en la División Bomberos de la Policía de San Juan, debiendo acreditar la certificación ante la misma oficina.
Así, los jóvenes evitaron enfrentar un juicio oral y una posible condena penal, pero el costo económico y las obligaciones impuestas reflejan la gravedad de una “broma” que movilizó a toda la comunidad educativa y recursos de seguridad.
