Por qué se revocaron las libertades
El fiscal Francisco Nicolía había apelado la resolución de la jueza Moya al considerar que había valorado solo una parte de las pruebas incorporadas a la causa. El juez Guillén hizo lugar al planteo y sostuvo que aún quedan medidas probatorias pendientes, como la declaración de testigos clave, y que existe riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación si los imputados permanecen en libertad.
La fiscalía había advertido que la liberación de parte de los acusados podía generar presión sobre testigos del barrio Valle Grande. Nicolía remarcó además que varios testimonios ubican a todos los imputados en el lugar desde donde partieron los disparos, que algunos vecinos aseguraron que los acusados habrían cambiado su ropa tras el hecho, y que tres de ellos presentaron rastros de pólvora en manos y prendas de vestir. Para la fiscalía, existe una "coautoría funcional": una participación conjunta en el episodio que terminó con la muerte del menor.
Videla, abogado defensor, también apuntó a las pruebas: "No todos dispararon y no todos tuvieron resultados positivos en las pruebas de pólvora. La situación debe analizarse de manera individual". Y planteó una contradicción central: se encontraron únicamente dos armas vinculadas al ataque, pero hay siete personas detenidas.
Del otro lado, la familia de Emir recibió la noticia con alivio y satisfacción. Tras la primera decisión que otorgó libertades, allegados del menor habían realizado manifestaciones reclamando justicia. Este jueves, la resolución del juez Guillén los encontró con otra actitud. "Estamos conformes con que estén presos. Ahora se está viendo la Justicia y queremos que siga así. Tienen que pagar por lo que hicieron. La muerte de Emir no puede quedar impune", expresaron familiares.
El crimen ocurrió en octubre de 2025, cuando un conflicto entre dos familias en el barrio Valle Grande derivó en un episodio de extrema violencia con disparos y pedradas. Emir fue alcanzado por una bala en el pecho mientras se encontraba fuera de una vivienda. Pese a ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, el menor ingresó sin vida. Desde entonces, la causa involucra a siete imputados y atraviesa un proceso judicial que, con este nuevo giro, lejos está de cerrarse.
