A partir de esa denuncia, la fiscalía sanjuanina desplegó una compleja investigación tecnológica para identificar al responsable detrás del perfil. Mediante el análisis de direcciones IP, correos electrónicos asociados, registros aportados por Google y datos telefónicos, se logró establecer que el sospechoso era Joel Medina, de 21 años, domiciliado en la ciudad bonaerense de 9 de Julio.
Según se acreditó en la pesquisa, el imputado utilizaba el videojuego Free Fire para establecer el primer contacto con las víctimas y posteriormente trasladaba las conversaciones a Instagram, donde realizaba videollamadas de contenido sexual y solicitaba imágenes inapropiadas a menores de edad.
Las víctimas, dos niñas de 12 años, prestaron declaración durante la investigación y aportaron elementos fundamentales para el avance de la causa.
Uno de los aspectos centrales del operativo fue el trabajo coordinado entre las autoridades judiciales de San Juan y el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, que permitió concretar un allanamiento por exhorto el pasado 5 de mayo en territorio bonaerense. Durante el procedimiento se produjo la detención del acusado y el secuestro de dispositivos electrónicos.
En el análisis preliminar del teléfono celular secuestrado, los investigadores detectaron además material de abuso sexual infantil almacenado en el dispositivo, por lo que se incorporó ese delito al expediente judicial.
Efectivos de la Brigada Policial de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos de San Juan viajaron hasta la provincia de Buenos Aires para participar del procedimiento junto a personal policial bonaerense y posteriormente trasladaron al detenido a la capital sanjuanina el 6 de mayo, donde quedó a disposición de la Justicia local.
Durante la audiencia, la magistrada resolvió formalizar la Investigación Penal Preparatoria contra Joel Medina por los delitos de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil, ambos en concurso real y en calidad de autor material.
Asimismo, se homologó un acuerdo de juicio abreviado y el imputado fue condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional.
Entre las reglas de conducta impuestas, el condenado deberá fijar residencia en la provincia de Buenos Aires, realizar tratamiento psicológico, asistir a talleres vinculados a nuevas masculinidades y acreditar continuidad laboral. Además, el Tribunal ordenó el decomiso del teléfono celular secuestrado durante el allanamiento.
La investigación destacó la importancia de las herramientas tecnológicas aplicadas a la persecución de delitos digitales y la coordinación entre distintas jurisdicciones para detectar agresores que operan en entornos virtuales y proteger a niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de violencia digital.
