El quiebre del caso llegó cuando la ayudante fiscal Milena Berbari contactó directamente al arquitecto Navarro. El profesional desconoció la autoría de los informes presentados, aunque reconoció que la firma inserta en los documentos era la suya. La contradicción fue suficiente para encender todas las alarmas y Navarro fue citado a declarar el próximo 13 de mayo.
A partir de ese testimonio, la fiscalía acusó a Storniolo de haber presentado documentos falsos con el fin de obtener la homologación del acuerdo de reparación mediante engaños. La causa fue encuadrada bajo la posible comisión de delitos vinculados al uso de documento falso, lo que motivó el pedido de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial hasta la finalización de la investigación, fijada para el 17 de octubre próximo. La fiscalía también argumentó riesgo de entorpecimiento del proceso y peligro de fuga.
El abogado defensor Javier Cámpora se opuso de inmediato al pedido de prisión y argumentó que su cliente lo único que busca es resolver la situación. "Hemos presentado 25 propuestas y no hay respuestas", sostuvo, y acusó a la fiscalía de ensañarse con que Storniolo permanezca encarcelado. En cuanto a la documentación cuestionada, la defensa señaló que será la fiscalía quien deberá probar que el empresario fue responsable de la falsificación, ya que no consideran que así haya sido y desconocen el origen de los documentos alterados.
El juez Fernández Caussi no hizo lugar al planteo de la defensa y avaló el pedido fiscal. Storniolo continuará detenido en el Servicio Penitenciario Provincial mientras dure la investigación.
Una causa de enorme magnitud
La causa que involucra a Storniolo investiga una supuesta red de empresas vinculadas a la venta irregular de lotes y barrios que nunca se concretaron, con un perjuicio económico estimado que supera los $2.700 millones. Son diez los imputados en total: además de Storniolo y su esposa Patricia Nacif, están procesados Juan Gallerano La Hoz, Diego Reta, Mariana Pérez Bedini, Federico Salinas, Ricardo Sánchez Montilla, Orlando Rueda, Adela Rueda y Rosa María del Valle Storniolo.
Para resguardar los bienes y garantizar una eventual reparación a las víctimas, la Fiscalía mantiene vigentes inhibiciones generales de bienes, anotaciones en el Registro Inmobiliario y prohibiciones de innovar, con el fin de advertir a potenciales compradores que determinados inmuebles están bajo investigación penal.
