Uno de los puntos analizados en la audiencia fue el Examen Mental Obligatorio, que descartó la inimputabilidad. Los peritos oficiales concluyeron que el acusado, pese a presentar retraso madurativo, comprende la criminalidad de sus actos, por lo que es plenamente imputable. Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que esa condición no funciona como atenuante automático ni condiciona el avance de la causa.
En paralelo, la investigación incorporó detalles de alto impacto sobre el contexto previo y posterior al hecho denunciado. Según consta en la causa, la mujer advirtió durante una reunión social una pastilla diluyéndose en su bebida, situación que fue comentada a otra persona presente, quien le habría respondido: “Te metieron la pastilla”. A pesar de descartar el vaso, la reunión continuó.
Horas más tarde, la denunciante comenzó a sufrir vómitos, convulsiones y una fuerte descompensación, quedando recostada en un colchón. En ese estado, según su relato, ocurrió el abuso sexual, mientras otras personas se encontraban en la vivienda. La mujer afirmó que pidió ayuda y que, tras el episodio, recibió pedidos para que no denunciara lo sucedido.
El cuadro derivó en la intervención del servicio de emergencias 107 y su traslado al Hospital César Aguilar, donde relató lo ocurrido al personal de salud, lo que activó el protocolo judicial.
Si bien el acusado recuperó la libertad tras casi cinco días detenido, quedó sujeto a medidas de coerción estrictas: prohibición total de contacto con la denunciante, restricción con testigos, presentaciones periódicas en comisaría y prohibición de salida de la provincia sin autorización judicial.
Desde la Justicia aclararon que la causa continúa su curso y que, en caso de ser hallado culpable, el imputado podría recibir una condena de prisión efectiva, independientemente de haber transitado el proceso en libertad.
