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Investigan si Lázaro Báez manejaba desde la cárcel una estructura para explotar bienes embargados

La fiscalía federal de Río Gallegos imputó a Lázaro Báez al empresario, a su pareja y a otras ocho personas por lavado de activos y asociación ilícita.

El empresario Lázaro Báez, condenado en las causas Vialidad y “Ruta del dinero K", enfrentará una nueva investigación. La Justicia federal sospecha que, desde su celda en Ezeiza, encabezó una organización que siguió explotando campos, departamentos y maquinaria embargados o decomisados, a espaldas de los tribunales.

El fiscal Julio Zárate presentó los cargos este jueves en una audiencia ante el juez federal de Río Gallegos Claudio Vázquez. Contó con el apoyo de la PROCELAC. Los imputados son Báez, su pareja Claudia Insaurralde y otras ocho personas, acusados de lavado de activos y asociación ilícita. Según la acusación, se movieron poco más de 400 millones de pesos por fuera del control judicial.

La causa se apoya en escuchas telefónicas. En la organización, a Báez lo llamaban “el tío” y a Insaurralde, “la tía”. El empresario daba órdenes a través de una línea a nombre del Servicio Penitenciario Federal. Advertía que iba a “supervisar” las propiedades y amenazaba: “Voy a llamar al que tengo que llamar y los voy a sacar cagando a todos", si no se cumplían sus directivas.

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El brazo operativo era Cristian “Budín” Ibáñez, a quien en su propio entorno describen como “un perro fiel” del empresario. Ibáñez e Insaurralde fueron detenidos el lunes en Ezeiza después de volar desde Río Gallegos, porque los investigadores sospechaban un intento de fuga. Ella seguirá presa.

Las operaciones detectadas sobre los bienes embargados y el descargo de su entorno

Entre las maniobras detectadas figuran: un arrendamiento de la estancia La Entrerriana por $2 millones mensuales que nunca se pagó; transferencias por $26,2 millones vinculadas a un convenio por 7.000 ovejas; la negociación de 600 animales sin documentar a cambio de 10.000 dólares en efectivo.

Además, un camión Scania de Austral Construcciones siguió trabajando hasta que lo secuestraron en septiembre. Lo manejaba un chofer con licencia trucha.

Durante la semana hubo 27 allanamientos, incluida la celda de Báez. Los imputados se negaron a declarar. Desde el entorno del empresario sostienen que los bienes no están ocultos y que la Justicia les pidió designar curadores. Aseguran que “todo estaría facturado formalmente”.

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