Habilitaron el debate por la Ley de Glaciares y San Juan gana protagonismo
El Gobierno nacional habilitó el tratamiento de la adecuación de la Ley de Glaciares, está incluido entre cuatro temas a tratar entre el 2 y 27 de febrero. Orrego defendió la iniciativa y aseguró que el proyecto “no cambia el objeto de la ley”, sino que busca aclarar su alcance.
La decisión del Ejecutivo Nacional de habilitar el tratamiento de la denominada adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial reactivó un debate que ya había tenido su primera ronda a fines de 2025 en el Senado.
Aquella instancia, atravesada por exposiciones técnicas y posturas contrapuestas entre científicos, organizaciones ambientalistas y el sector productivo, culminó con dictamen favorable de comisión y la expectativa de que el texto llegue finalmente al recinto.
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En esta nueva etapa legislativa, San Juan vuelve a ocupar un rol central. Desde la Mesa del Cobre —espacio que integran las provincias mineras y que es impulsado por Orrego— se insiste en que la actualización normativa no apunta a debilitar la protección ambiental, sino a ordenar definiciones que hoy generan conflictos administrativos y judiciales.
El eje sanjuanino: cobre, ambiente y seguridad jurídica
El impacto para la provincia es doble. Por un lado, San Juan concentra la mayor cartera de proyectos cupríferos avanzados del país, considerados estratégicos en el contexto global de transición energética. Por otro, muchos de esos desarrollos se ubican en zonas cordilleranas donde la interpretación del concepto de ambiente periglaciar se convirtió en un cuello de botella normativo.
Desde el sector minero coinciden en que existe consenso pleno sobre la protección de glaciares y reservas hídricas, pero advierten que la ley vigente no distingue entre áreas con incidencia real en la provisión de agua y otras que no cumplen esa función. La propuesta oficial apunta a que esa delimitación se realice “caso por caso y con estudios técnicos robustos”, evitando restricciones generalizadas que paralizan proyectos.
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La semana pasada, el gobernador sanjuanino volvió a referirse al tema y expresó su expectativa de que el debate avance en el corto plazo. “Esperemos que el próximo mes, en febrero, se va a tratar la Ley de Glaciares, una ley que es realmente muy importante para los sanjuaninos que se aprueben”, afirmó.
Orrego remarcó que la iniciativa no modifica la esencia de la norma: “Primero, fundamentalmente, es que no cambia el objeto de la ley. La ley sigue siendo la misma, el objeto lo aclara”. En su entorno señalan que esa precisión técnica es clave para evitar procesos administrativos complejos y litigios que afectan a provincias cordilleranas con matriz minera.
Otro punto central de su argumentación fue el dominio constitucional de los recursos naturales. “No es que se delegan facultades a las provincias; lo que hace es reconocer lo que establece la Constitución, que los recursos naturales responden a las provincias, no a la Nación”, explicó.
Incluso comparó el esquema argentino con el chileno: “En Chile los recursos naturales los dispone el gobierno federal; en la Argentina, los recursos naturales son de cada una de las provincias”, sostuvo.
Expectativas e impacto económico
El tratamiento legislativo genera expectativas en las provincias cordilleranas y en la industria minera, que ven en la aclaratoria una herramienta para reducir la judicialización y mejorar la previsibilidad. Según estimaciones del sector, una definición clara podría destrabar inversiones por hasta 14.000 millones de dólares en proyectos de cobre y litio.
Desde el Ministerio de Minería de San Juan ya habían advertido que, sin una norma más precisa, los emprendimientos estratégicos “van a seguir como están”, en referencia a la imposibilidad de avanzar con estudios y permisos.
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El Gobierno nacional anticipó que impulsará el tratamiento en febrero y que el foco estará puesto en precisar el alcance jurídico de los conceptos de glaciares y ambientes periglaciares. La industria sigue de cerca esa discusión: hoy, la superposición de criterios ambientales y administrativos genera conflictos de competencia y mayor judicialización.
Para San Juan, el debate no solo es ambiental y productivo, sino también político. La reaparición del tema en sesiones extraordinarias consolida el perfil de Orrego como interlocutor clave del bloque minero provincial y refuerza la proyección de la provincia como actor relevante en el mapa minero internacional.
