El acuerdo firmado por el gobernador Marcelo Orrego y representantes de Vicuña establece que los US$250 millones serán destinados a obras viales, hídricas, de saneamiento y de infraestructura pública, con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo, agroindustrial, energético y turístico de San Juan. Se trata de un aporte que se realizará antes del inicio de la etapa de producción del proyecto minero.
Además, el convenio contempla la creación de un Fideicomiso de Infraestructura Pública, que recibirá un aporte adicional equivalente al 1,5% del valor bruto de facturación del proyecto. Los recursos serán administrados y auditados por el Estado provincial, con el objetivo de garantizar mecanismos de control y trazabilidad en la ejecución de las obras. El acuerdo también ratifica un esquema de regalías del 3% sobre el valor bruto de facturación una vez iniciada formalmente la explotación.
Así será la obra de Ruta 40 Norte financiada con fondos del acuerdo Vicuña
Durante el tratamiento legislativo, algunos diputados de la oposición expresaron su rechazo al proyecto. Tal fue el caso de las justicialistas Cristina López, Fernanda Paredes y Sonia Ferreyra, entre otros, quienes solicitaron, al finalizar la votación, que su voto negativo quedara asentado en la versión taquigráfica de la sesión.
Sin embargo, dentro del mismo partido hubo posturas favorables, por ejemplo, Eduardo Cabello votó a favor del acuerdo y destacó que, a su entender, se trata de una herramienta que favorece a San Juan y permite que la provincia cuente con recursos para avanzar en obras de infraestructura y así brindar puestos de mano de obra local.
La discusión legislativa estuvo atravesada por cuestionamientos relacionados con el destino de los fondos, los mecanismos de control y las obligaciones que asumiría la Provincia a partir del nuevo esquema. Días antes del tratamiento, funcionarios del Ejecutivo habían concurrido a la Legislatura para explicar los alcances del convenio y responder las consultas de los legisladores.
Un aporte previo al inicio de la producción
Uno de los principales puntos del acuerdo es que los US$250 millones serán aportados antes de que el proyecto minero comience a producir, lo que permitirá que San Juan pueda disponer de recursos para infraestructura varios años antes de comenzar a percibir regalías vinculadas a la explotación.
El convenio también busca cerrar una controversia administrativa que la empresa mantenía desde 2022 en relación con la Declaración de Impacto Ambiental y establecer un marco de mayor previsibilidad para el desarrollo del proyecto.
Con la aprobación de la Cámara de Diputados, el acuerdo entre San Juan y Vicuña obtiene el respaldo legislativo necesario para avanzar con el esquema de financiamiento que permitirá destinar recursos extraordinarios a obras consideradas estratégicas para el desarrollo provincial.
