También señaló que intentaron formalizar la actividad a través de la creación de una SRL y que gestionaron una categoría ante ARCA vinculada a inversiones. Negó que la apertura de una oficina en San Rafael, Mendoza, haya sido un intento de fuga y afirmó que respondía a un proyecto de expansión. En su descargo, agregó que llegaron a tener cerca de 400 clientes y que problemas operativos —sumados al bloqueo de una cuenta bancaria— habrían dificultado las devoluciones.
La postura de la fiscalía
Para el fiscal Gallastegui, en cambio, se trata de una estafa piramidal reiterada. El Ministerio Público Fiscal sostiene que “Green House” fue una maniobra de fantasía utilizada para montar una fachada de solvencia y captar capitales bajo promesas de retornos extraordinarios de entre el 4% y el 6% semanal, equivalentes a cerca de un 20% mensual, cifras que la acusación considera fuera de la lógica del mercado.
La investigación indica que la firma no contaba con CUIT ni habilitación para realizar intermediación financiera. La captación de inversores, según la causa, se habría apoyado en vínculos de confianza: amigos, familiares y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Las denuncias señalan que las inversiones se realizaron en pesos, dólares e incluso mediante la entrega de vehículos. El quiebre del sistema se habría producido entre septiembre y octubre de 2025, cuando cesaron las devoluciones. Ante los reclamos, los imputados habrían ofrecido planes de pago que incluían bienes de escaso valor o vehículos en mal estado para compensar deudas millonarias.
La causa acumula 31 denuncias por un monto cercano a los 138 millones de pesos, sin contabilizar intereses, y se investigan cuatro cuerpos de expedientes para determinar si se trató de un esquema Ponzi destinado al colapso.
Las medidas judiciales
Tras escuchar a las partes, el juez Rodríguez dictó prisión preventiva para Ontiveros por un plazo inicial de 45 días y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial. Además, dispuso un embargo preventivo de 200 millones de pesos sobre los bienes de cada imputado y la inhibición general para realizar movimientos sobre sus activos.
La Justicia fijó un año para completar la Investigación Penal Preparatoria (IPP), plazo en el que se profundizará el análisis contable y financiero para determinar el destino del dinero y las responsabilidades penales.
