Más denuncias, ultimátum y plazo clave: escenario actual de Branka Motors
La audiencia por Branka Motors dejó al descubierto un escenario crítico: más de 200 denuncias, incumplimientos en entregas y una advertencia concreta de sanciones millonarias si no hay soluciones para los consumidores.
La polémica por la presunta estafa de la concesionaria Branka Motors, que afecta a más de 200 clientes en San Juan, tuvo este viernes un nuevo capítulo clave con la realización de una audiencia conciliatoria en la Dirección de Defensa del Consumidor. El encuentro dejó definiciones concretas, plazos estrictos y una advertencia clara: si no hay acuerdos favorables para los damnificados, se avanzará con sanciones de magnitud histórica.
La audiencia se llevó a cabo en el Centro Cívico y estuvo encabezada por la titular del organismo, Fabiana Carrizo, junto a representantes de los compradores afectados y el abogado de la empresa. Según el relevamiento oficial, se trata del caso más numeroso y complejo que atravesó el área hasta el momento.
Desde Defensa del Consumidor se detalló que las denuncias se concentran en dos situaciones bien definidas. Por un lado, clientes que abonaron la totalidad del valor de la motocicleta pero nunca recibieron el vehículo, incluso con demoras que superan los cinco meses. Por otro, compradores que sí obtuvieron la moto, pero sin la documentación necesaria para poder patentarla, lo que les impidió utilizarla legalmente.
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En relación con este último grupo, Carrizo explicó que ya existe una vía de resolución en marcha. En audiencias previas, agentes oficiales vinculados a la provisión de los rodados se presentaron ante el organismo y confirmaron que cuentan con la documentación correspondiente, lo que permitiría normalizar esos casos en el corto plazo.
El foco puesto en las motos no entregadas
La audiencia de este viernes estuvo centrada principalmente en los incumplimientos más graves: aquellos en los que los consumidores pagaron y nunca recibieron la moto. En ese marco, el organismo inició un trabajo de análisis expediente por expediente, con el objetivo de definir una salida concreta para cada situación.
Desde Defensa del Consumidor remarcaron que el proceso puede resolverse en esta instancia o requerir un cuarto intermedio, pero subrayaron que la prioridad es lograr un resultado efectivo para los damnificados, ya sea mediante la entrega del rodado en fechas ciertas o la devolución total del dinero abonado, sin quitas.
Dos carriles: el administrativo y el judicial
Carrizo también aclaró que la intervención del organismo provincial corre por un carril distinto al de la investigación penal que ya se encuentra en marcha. Mientras Defensa del Consumidor actúa en el plano administrativo para garantizar el cumplimiento de los contratos y la restitución de derechos, la Justicia avanza en paralelo para determinar si existió un delito de estafa.
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En ese sentido, recordó que el expediente administrativo puede convertirse en un elemento clave dentro de la causa penal, que ya derivó en allanamientos a dos locales comerciales y el secuestro de documentación, teléfonos celulares y motocicletas.
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Otro punto destacado por la funcionaria fue la diversidad de expectativas entre los afectados. Algunos buscan recuperar el dinero invertido, mientras que otros priorizan la entrega del vehículo, muchas veces por necesidades laborales o familiares. Por ese motivo, desde el organismo se decidió que cada reclamo será tratado de manera individual, respetando lo que cada consumidor dejó asentado en su denuncia.
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El mensaje más contundente llegó con la advertencia sobre las consecuencias en caso de que Branka Motors no presente una propuesta razonable o incumpla lo que se acuerde. Defensa del Consumidor anticipó que, de fracasar la conciliación, se avanzará con la multa más alta prevista en la normativa vigente, que equivale a más de 2.000 canastas básicas, lo que representaría una sanción superior a los $2.600 millones.
Desde el organismo se remarcó que, dada la magnitud del conflicto y el nivel de angustia de los afectados, la sanción se aplicará de todas maneras si no hay una solución concreta, aun cuando la empresa manifieste voluntad de diálogo.
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Un viernes decisivo
El próximo viernes 6 de febrero será una fecha clave. Ese día, Branka Motors deberá presentar ante Defensa del Consumidor una propuesta detallada para cada denunciante. Si no hay respuestas claras y satisfactorias, el organismo avanzará con sanciones administrativas, mientras la causa penal continuará su curso en la Justicia.
