Los imputados no cumplieron con el primer pago acordado en la causa Branka Motors. El acuerdo entra en crisis y la querella avanza con pedidos de prisión preventiva.
El conflicto judicial por la causa Branka Motors entró en una fase crítica tras confirmarse que los imputados no realizaron el pago inicial comprometido en el acuerdo de reparación económica con los damnificados.
El desembolso, superior a los $100 millones, debía comenzar a abonarse desde el 25 del mes pasado. Sin embargo, no se registraron transferencias ni avances, lo que deja al acuerdo al borde de caerse y reabre el escenario judicial.
La falta de cumplimiento no responde a demoras administrativas ni del sistema, sino directamente a los acusados, lo que configura un estado de mora que pone en riesgo todo el entendimiento alcanzado previamente.
El esquema pactado contemplaba la devolución del dinero en cuotas, respaldado por garantías patrimoniales. Ese acuerdo había sido clave para que los imputados recuperaran la libertad.
Con el incumplimiento de la primera cuota, el proceso entra en una instancia de revisión. La querella ya avanzó con un pedido de audiencia urgente para que los acusados comparezcan ante la Justicia.
En ese marco, se solicitó el dictado de prisión preventiva y la renovación de medidas cautelares, ante la falta de respuestas y el riesgo de que el acuerdo quede sin efecto.
Ante la falta de pago, también se activó la posibilidad de ejecutar las garantías presentadas por los imputados. Se trata de bienes ofrecidos como caución que ahora podrían utilizarse para avanzar en la reparación económica a las víctimas.
Este punto aparece como una de las pocas herramientas concretas disponibles en el corto plazo para intentar recuperar parte del dinero.
El incumplimiento profundizó el malestar entre los afectados, que esperaban el inicio de los pagos en los plazos establecidos. La ausencia total de depósitos y de definiciones generó incertidumbre y desconfianza.
Además, cuestionan que los imputados continúen en libertad sin haber cumplido con el compromiso económico, lo que consideran un quiebre en las condiciones del acuerdo. En este contexto, un grupo de damnificados anticipó que se movilizará en Tribunales para exigir respuestas y definiciones sobre el futuro del proceso.
La causa se originó por denuncias de presunta estafa vinculadas a la venta de vehículos que no fueron entregados. Con el avance de la investigación, se acumuló un número significativo de damnificados.
El acuerdo de reparación había aparecido como una salida parcial al conflicto. Sin embargo, el incumplimiento del primer pago cambia el escenario: el proceso vuelve a una instancia de tensión, con la posibilidad de que se endurezcan las medidas judiciales contra los acusados.
