Tras quedar libre de culpa, Cáceres sostuvo que las marcas que Martinazzo exhibía en su cuerpo no eran producto de agresiones, sino de un tratamiento estético realizado en la clínica de Paola Miers, quien contaba con fotografías de la denunciante sin lesiones, tomadas días después del supuesto episodio.
Según la investigación actual, Miers ocultó esa prueba clave y falseó su testimonio al declarar que desconocía los motivos por los que había sido citada como testigo y que su contacto con Cáceres había sido meramente político. Sin embargo, mensajes de texto y pruebas periciales demostraron lo contrario.
Una pericia de geolocalización al teléfono de la abogada la situó en el domicilio de Martinazzo en tres oportunidades, lo que contradijo sus declaraciones bajo juramento. Para la Justicia, estos elementos acreditan que Miers faltó a la verdad en un proceso judicial, lo que encuadra en la figura de falso testimonio prevista en el artículo 275 del Código Penal.
El propio Cáceres celebró la resolución, aunque esta no se encuentra firme y podría ser apelada: “Todo fue para no mostrar las fotos que demostraban que las marcas de Martinazzo eran de la estética.”, expresó.
El ex diputado contó que Miers le había mostrado las fotos a Cáceres y “yo le dije que tenía que llevarla a la Justicia. Ella se ofrece para atestiguar y cuando va a la Justicia, sorprendentemente dice que no me veía a mí hace un año y llamativamente después, aparece como socia del primo de Sergio Uñac, Gustavo Monti”. En tanto, Miers manifestó desconocer lo resuelto y aseguró no haber recibido aún notificación oficial del procesamiento.
El fallo contra Miers marca un precedente judicial y pone de relieve la importancia de la verificación rigurosa de pruebas en este tipo de causas. Al mismo tiempo, plantea la necesidad de preservar la integridad del sistema judicial frente a declaraciones y testimonios que pueden afectar su credibilidad y desviar la búsqueda de verdad y justicia.
Para sectores vinculados al caso, la resolución judicial no solo representa un avance en el expediente particular, sino también una señal más amplia sobre la responsabilidad que implica denunciar y testificar en la Justicia.
Por Gabriel Rotter.
