Prisión preventiva y ocho meses de investigación
La jueza Flavia Allende formalizó la imputación contra Ruarte, dispuso ocho meses de Investigación Penal Preparatoria (IPP) y le impuso tres meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. El uniformado ya se encontraba bajo vigilancia interna desde hacía dos meses y había sido reasignado primero a la Unidad de Abordaje Territorial y luego a la Comisaría 17°, puesto que abandonó tras presentar una licencia médica.
Durante la audiencia, los fiscales Daniela Pringles, Ana Paula Amarfil y Rodrigo Herrera detallaron cómo el policía habría utilizado su acceso a sistemas y documentación para alertar a los barras. Explicaron que las filtraciones permitieron a González evadir operativos y mantenerse oculto durante semanas. Entre los beneficiarios también figuraban otros integrantes del grupo, involucrados en enfrentamientos recientes entre facciones.
Los mensajes que comprometen al agente
Uno de los elementos más fuertes del expediente proviene del celular de González, recuperado luego de que intentara descartarlo al huir de un operativo. Allí se registraron intercambios entre el 9 de agosto y el 19 de septiembre, donde aparecían frases como: “Para Diego, quiero saber qué onda, a quién pija denunciaron esos giles” y “Pidieron 200 y se los pasé”.
También surgieron mensajes donde Ruarte pedía entradas o favores. Para Fiscalía, estas comunicaciones demostraron que existía un flujo constante de información reservada.
Otro dato relevante fue el domicilio declarado por el agente —ubicado en el Loteo Parque Norte— que resultó ser una vivienda deshabitada y en construcción, lo que generó dudas sobre su intención de eludir controles.
La defensa pidió medidas alternativas
Los defensores Néstor Olivera y Marcelo Sández rechazaron la prisión preventiva. Alegaron que no existían pruebas que acreditaran que Ruarte tuviera acceso directo a los datos filtrados, y señalaron que las conversaciones no demostraban que hubiese suministrado información a González. Argumentaron arraigo familiar, destacando que su esposa cursa un embarazo de siete meses y medio, y solicitaron medidas menos gravosas como presentaciones periódicas y prohibición de salida de la provincia.
Ruarte se abstuvo de declarar. Finalmente, la jueza Allende ordenó la prisión preventiva y fijó el plazo de IPP.
Un expediente que ya suma nueve involucrados
Con la imputación de Ruarte, ya son nueve los vinculados a la causa. Entre ellos, los hermanos Franco y Jonathan González, quienes fueron condenados en juicio abreviado por amenazas, daños, lesiones y violación de domicilio. También figuran Marcelo “El Puchi” González Pereyra, Agustín Agüero, Fernando Moya y Franco Maurin Vargas, entre otros ya sobreseídos, condenados o con medidas alternativas.
La causa se enmarca en la interna entre la Banda del Pueblo Viejo y La Nueva Generación, un conflicto que desde hace meses viene dejando hechos violentos, enfrentamientos armados y heridos.
