En la audiencia de formalización, el imputado ya se encontraba detenido cuando compareció por primera vez ante el juez. En ese momento, el magistrado ordenó 15 días de prisión preventiva mientras la fiscalía avanzaba con la investigación.
Posteriormente, el Ministerio Público Fiscal presentó informes psicológicos elaborados por el equipo interdisciplinario de ANIVI, los cuales aportaron nuevos elementos que fueron incorporados al expediente.
Con base en ese material, la fiscalía solicitó extender la medida de coerción, lo que derivó en que Cassanelli continuara detenido en el penal mientras se desarrollaban las medidas investigativas.
La decisión del Tribunal de Impugnación
La situación cambió en las últimas horas luego de que la defensa del imputado, encabezada por el abogado Maximiliano Páez Delgado, presentara un planteo ante el Tribunal de Impugnación para revisar la medida de detención.
Tras analizar el caso, el juez Caballero Vidal resolvió hacer lugar al planteo defensivo y revocar la prisión preventiva, lo que permitió que el acusado recuperara la libertad. Sin embargo, la decisión judicial estableció condiciones estrictas para que el imputado permanezca en libertad mientras continúa el proceso penal.
Caución y reglas de conducta
La excarcelación quedó condicionada al cumplimiento de una caución real de 500 mil pesos, además de una serie de medidas que el acusado deberá respetar durante los próximos seis meses.
Entre las reglas de conducta impuestas por la Justicia se encuentran:
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Presentarse mensualmente en la comisaría correspondiente a su jurisdicción.
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No salir de la provincia ni del país sin autorización judicial.
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Notificación obligatoria a la Dirección Nacional de Migraciones.
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Prohibición absoluta de acercamiento o contacto con la presunta víctima y sus padres.
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Prohibición de comunicación por redes sociales, mensajes o cualquier medio tecnológico.
El magistrado también dejó expresamente establecido que el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podría derivar en la revocación inmediata de la libertad, lo que implicaría el regreso del imputado a una situación de detención.
Un caso que tuvo repercusión pública
La causa tomó notoriedad pública en los últimos meses debido a que el acusado es hijo de un dirigente sindical del sector energético y además se desempeñaba laboralmente en la Dirección de Recursos Energéticos.
Pese a la decisión del Tribunal de Impugnación, el proceso judicial continúa en etapa de investigación, por lo que la responsabilidad penal del imputado deberá ser determinada en las instancias posteriores del proceso y eventualmente en un juicio.
