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Fue condenado a 6 años de prisión por distribuir material de abuso sexual infantil

Ricardo José Díaz recibió una pena de cumplimiento efectivo tras una investigación iniciada por un reporte internacional.

En un fallo que destaca la eficacia de la cooperación internacional en la lucha contra los delitos digitales, la justicia sanjuanina condenó a Ricardo José Díaz a la pena única de seis años y un mes de prisión efectiva. El sujeto fue hallado culpable de los delitos de distribución y tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil (MASI).

La resolución fue dictada por el juez Dr. Sergio López Marti, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado. En primera instancia, Díaz recibió tres años y un mes por el nuevo hecho, pero el magistrado resolvió revocar una condena condicional previa que el acusado arrastraba desde el año 2022, resultando en la unificación de ambas penas y su inmediato traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

Alerta desde Estados Unidos

La investigación, dirigida por la UFI Delitos Informáticos y Estafas a cargo del fiscal Dr. Pablo Martín, se activó tras un reporte del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). El organismo internacional detectó que el 2 de diciembre de 2025 se habían subido archivos con contenido ilegal desde una dirección IP geolocalizada en el departamento de Caucete.

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A partir de allí, el equipo fiscal —integrado por el ayudante fiscal Dr. Federico Pereyra y los especialistas Guadalupe Toledo, Federico Martínez y Gaspar Gaya— inició un minucioso rastreo técnico. El cruce de datos con empresas de telecomunicaciones y el análisis de redes abiertas (OSINT) permitieron vincular la línea telefónica y los dispositivos directamente con el domicilio de Díaz.

Con las pruebas recolectadas, el pasado 4 de febrero de 2026 se procedió al allanamiento de la vivienda del imputado. Durante el operativo, el personal policial secuestró diversos dispositivos electrónicos que resultaron clave para confirmar la maniobra delictiva.

En la sentencia, el tribunal dispuso:

Prisión preventiva: El condenado permanecerá alojado en el Penal de Chimbas hasta que la sentencia quede firme.

Decomiso: Se ordenó la incautación definitiva del teléfono celular utilizado para la distribución del material.

Sanitización: El resto de los equipos electrónicos secuestrados serán devueltos a los familiares del imputado tras un proceso técnico de limpieza de archivos.

Este caso marca un precedente importante en la provincia sobre el uso de herramientas tecnológicas y convenios internacionales para detectar y sancionar la explotación infantil en entornos digitales.

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