La trama de Branka: 348 víctimas, tres detenidos y un acuerdo en juego
Los imputados por la presunta estafa de Branka Motors ofrecieron pagar $500 millones para reparar el daño a 348 damnificados. La propuesta divide a las víctimas y ahora la Justicia deberá analizar el acuerdo.
La causa judicial por la presunta megaestafa vinculada a Branka Motors atraviesa un momento decisivo. Los tres imputados en el expediente presentaron una propuesta económica para reparar el perjuicio a las víctimas, lo que abrió un nuevo escenario en el proceso.
Los acusados Jonathan Marcó, Alexis Marcó y Facundo Banega ofrecieron $500 millones para compensar a los denunciantes que aseguran haber sido perjudicados por la operatoria comercial de la concesionaria de motos.
El planteo fue presentado ante la Justicia como parte de una propuesta de reparación integral del daño, una figura legal que, si es aceptada por las víctimas y homologada por el tribunal, podría derivar en el sobreseimiento de los imputados y la extinción de la acción penal.
Según el esquema presentado por la defensa, el dinero se devolvería a través de cinco pagos de $100 millones cada uno, que serían distribuidos entre los damnificados de acuerdo con el monto que cada uno aportó.
El cronograma planteado establece:
Primer pago: dentro de los 15 días posteriores a la homologación del acuerdo.
Segundo pago: a los 30 días.
Tercer pago: a los 60 días.
Cuarto pago: a los 90 días.
Quinto pago: a los 120 días.
En total, el dinero sería repartido entre 348 denunciantes, según surge de la investigación judicial. El perjuicio económico investigado por la fiscalía asciende a $509.543.000, cifra que corresponde al dinero que los clientes habrían entregado con la expectativa de adquirir motocicletas.
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La propuesta generó posiciones divididas entre los damnificados. Muchos consideran que el monto ofrecido es insuficiente y cuestionan las condiciones del acuerdo. Sin embargo, entre los denunciantes también comenzó a instalarse una mirada pragmática: aceptar el acuerdo podría ser la única forma de recuperar al menos una parte del dinero perdido.
El dilema para varias víctimas es claro. Por un lado, la posibilidad de cobrar parte del dinero ahora; por el otro, continuar con un proceso judicial que podría extenderse durante años y que, aun con una eventual condena penal, no garantiza la devolución de los fondos.
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El respaldo económico del acuerdo
Uno de los puntos sensibles del planteo es el respaldo patrimonial de la propuesta.
De acuerdo con información vinculada a la causa, los imputados no declararon bienes propios, por lo que las garantías ofrecidas provienen de familiares. En ese contexto, los hermanos Marcó habrían comprometido propiedades pertenecientes a sus padres, Banega, en tanto, habría ofrecido bienes de sus abuelos.
Esos inmuebles quedarían sujetos al proceso judicial como garantía hasta que se complete la devolución total del dinero comprometido.
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La investigación es llevada adelante por la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, a cargo del fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco. Para los investigadores, la firma no funcionaba como un negocio fallido, sino como un sistema destinado a captar dinero mediante engaño.
Según la hipótesis fiscal, la concesionaria operaba con una lógica similar a un esquema Ponzi, aunque en lugar de prometer rentabilidad financiera ofrecía motocicletas a precios atractivos.
La empresa desplegaba publicidad, promociones y fuerte presencia en redes sociales para captar clientes. De acuerdo con la investigación, las primeras entregas de motos o devoluciones de dinero se habrían financiado con los aportes de nuevos compradores.
Uno de los elementos que refuerza la sospecha es que la firma compraba motocicletas a un precio mayor del que luego las vendía, lo que para los investigadores indicaría que el negocio no era económicamente sustentable.
Qué puede pasar ahora
Mientras se analiza el planteo, los tres imputados continúan detenidos bajo prisión preventiva, medida dispuesta por la jueza de Garantías Ana Carolina Parra. La causa está caratulada como estafa en 348 hechos en concurso real, bajo la modalidad de defraudación por engaño.
En este contexto, el eventual acuerdo económico abre una nueva etapa del proceso judicial: las víctimas deberán decidir si aceptan o no la propuesta, y posteriormente la Justicia deberá evaluar si corresponde homologarla. La resolución de ese punto podría definir el futuro del caso y el destino judicial de los acusados.
