Estafa, acuerdo y reparación: así avanza la causa Branka Motors
La defensa de los acusados presentó una propuesta de "reparación integral". Los damnificados, buscan que sea en un solo pago. El acuerdo busca evitar el juicio penal, mientras se mantiene vigente una millonaria multa de Defensa al Consumidor.
La investigación judicial contra la concesionaria Branka Motors podría estar cerca de un punto de inflexión. La causa, que tramita en el fuero penal bajo la órbita de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, avanza hacia una posible resolución alternativa del conflicto, luego de que los imputados formalizaran una propuesta económica para devolver el dinero a las víctimas.
Según afirmaron a este medio fuentes vinculadas a la causa, los tres imputados, quienes cumplen prisión preventiva —Alexis Marcó, Facundo Banega y Jonatan Marcó— se habrían comprometido a desembolsar una suma total de $500.000.000 para reintegrar la deuda a los damnificados.
La abogada Noriega explicó la mecánica de esta devolución: "Han hecho una propuesta a fin de llegar a una resolución alternativa de conflictos. Esto significa una reparación integral en virtud de la cual devolverían el capital sin intereses, pero en cuotas".
Además, recordó un caso ene sepcial, en el cual uno de sus defendidos, sacó un crédito de 15 millones de pesos y abonó el valor de la moto en efectivo y en un pago. No solo fue estafado por al concesionaria, sinó que se te tendrá que hacer cargo de los intereses de la deuda adoptada. Es decir, su situación refleja la desesperación de todas las víctimas, quienes su economía personal actual, se ve arruinada. Por ende la solución urgente, se puede comprender en el descenlace abreviado.
El esquema de pagos no sería uniforme, sino que dependería de cada caso particular. "Tengo clientes a los que les han ofrecido cuatro cuotas y otros manifiestan que han sido cinco", aclaró la abogada defensora.
Además, fuentes del caso indicaron que los acusados habrían ofrecido garantías familiares como parte del acuerdo para mantener su libertad, recordando que recientemente se les dictó prisión preventiva por dos meses.
Aunque la propuesta está sobre la mesa, el conflicto no está cerrado. Este acuerdo es, por el momento, una hipotética salida alternativa sujeta a revisión judicial. Para que se haga efectiva, la propuesta debe ser presentada formalmente ante la jueza Carolina Parra, quien tiene la última palabra y deberá decidir si homologa (valida) el acuerdo.
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El caso Branka Motors generó una fuerte repercusión social debido al perfil de las víctimas. La mayoría de los afectados son personas de bajos recursos que buscaban adquirir una motocicleta como herramienta de trabajo.
Fuentes cercanas a la investigación relataron situaciones dramáticas: muchos damnificados son trabajadores recientemente despedidos que invirtieron la totalidad de su indemnización en la compra de estos vehículos para poder desempeñarse como cadetes o repartidores (delivery), perdiendo así sus ahorros y su fuente de ingresos futura.
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Qué sucede con las nuevas denuncias
Si bien una mayoría de los denunciantes ya habría aceptado firmar esta solución alternativa, fuentes allegadas indicaron que siguen apareciendo afectados que radican nuevas denuncias.
Ante este escenario, se explicó que los nuevos querellantes también serán notificados de esta reparación integral para intentar sumarlos al acuerdo. De no aceptar o no llegar a un entendimiento, deberán reclamar por la vía civil.
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Esto se debe a un principio jurídico fundamental conocido como non bis in idem, el cual establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Dado que no se puede abrir un nuevo legajo penal por el mismo delito contra los mismos imputados, la vía penal se agota con la resolución de la causa principal.
Una multa millonaria en paralelo
Independientemente del acuerdo que puedan lograr con las víctimas en el fuero penal para evitar la cárcel, los responsables de Branka Motors enfrentan otra pesada carga financiera en el ámbito administrativo.
Fuentes judiciales confirmaron que la Dirección de Defensa al Consumidor ya aplicó una multa contra la empresa superior a los $2.000.000.000 (dos mil millones de pesos), cifra equivalente a unas 2.100 canastas básicas. Este expediente ya ha sido trasladado a la Fiscalía de Estado, organismo encargado de ejecutar la deuda y hacer efectivo el cobro.
