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Este miércoles se define si los dueños de Branka Motors quedan presos

La Fiscalía pidió que los dueños de Branka Motors queden 4 meses en prisión preventiva. Mañana resolverá la jueza en la reanudación de la audiencia.

Este martes, se reanudó la audiencia de control de detención y formalización de la investigación penal preparatoria en el marco de la causa Branka Motors, que tiene a los tres dueños de la empresa acusados por presunta estafa con la venta de motos. No hubo avances sobre la situación de detención de los sospechosos, sino que la resolución de la jueza de Garantías Carolina Parra se conocerá mañana miércoles 4 de marzo, a las 13.

En la audiencia, el fiscal Guillermo Heredia pidió que los hermanos Alexis y Jonathan Marcó y Facundo Banega, permanezcan durante 4 meses en prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, durante el proceso. En tanto que también solicitó a la magistrada un plazo de 12 meses de investigación penal preparatoria (IPP).

Las querellas de los 348 damnificados adhirieron al planteo del Ministerio Público Fiscal respecto a la detención de los acusados. En tanto que la defensa de los dueños de la empresa pidió 8 meses de Investigación y que sus representados sean excarcelados y permanezcan en libertad durante el proceso, bajo la argumentación de que no existe peligro de fuga y que tienen arraigo en la provincia.

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La resolución respecto de la situación de detención de los imputados se conocerá mañana, cuando reanude la audiencia tras el cuarto intermedio. La jueza Parra resolverá si los acusados permanecerán en prisión preventiva o si quedarán en libertad durante el proceso, y cuál será el plazo de IPP.

El MPF imputó a los sospechosos por el delito de defraudación por engaño, en concurso real por 348 hechos, que podría tener una condena de prisión efectiva en el caso de ser encontrados culpables. sin embargo, el objetivo de la fiscalía será buscar la reparación integral de los damnificados, lo que podría derivar en un juicio abreviado en el caso de que sea satisfactoria para las víctimas y se llegue a un acuerdo. caso contrario, podrían enfrentar una condena a prisión efectiva que podría ser entre 9 y 10 años.

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