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"No se usará para familiares": la polémica por el uso del avión presidencial de Adorni

En agosto de 2024, Adorni había anunciado un decreto vigente que prohíbe los viajes particulares en aeronaves públicas y mencionó como ejemplo “traer a familiares”.

La figura de Manuel Adorni —designado en el texto como Jefe de Gabinete— se encuentra en el centro de una fuerte controversia que combina frentes políticos internos, denuncias judiciales y cuestionamientos éticos. El conflicto se desató tras conocerse que su esposa, Bettina Angeletti, formó parte de la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos en el avión presidencial, situación que revivió, además, los detalles de un lujoso viaje privado que la familia realizó a Punta del Este durante el carnaval.

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Esta acumulación de episodios ha puesto en tela de juicio la narrativa de "austeridad" que pregona el gobierno libertario, generando reacciones tanto en la oposición como en el propio seno del oficialismo.

El viaje a Estados Unidos: "Me estoy deslomando"

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El detonante actual es la presencia de Angeletti en la gira del Argentina Week en Nueva York. La esposa del funcionario viajó en el avión oficial del Estado argentino, a pesar de no ocupar ningún cargo público.

Ante los cuestionamientos, Adorni ensayó una defensa que terminó viralizándose y generando más rechazo. "Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe", justificó, argumentando que la presencia de su esposa era un apoyo personal ante la carga laboral.

¿Cuáles son los argumentos de Adorni?

  • Costo cero: Asegura que el Estado no pagó "ni un peso" extra por el traslado, ya que el avión iba de todos modos.
  • Gastos privados: Afirmó que el regreso de su esposa se hará en un vuelo comercial pagado de su bolsillo y que los gastos de hotelería corren por su cuenta (aunque admitió que se alojan en la habitación habilitada por su cargo, sin aclarar si el Estado pagó una tarifa single o doble).
  • Persecución política: Atribuyó las críticas a una reacción de la "vieja política" ante el éxito electoral y económico del gobierno.
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La reacción interna: el "fuego amigo" de Villarruel

La situación escaló políticamente cuando la vicepresidenta, Victoria Villarruel, utilizó sus redes sociales para lanzar una crítica velada pero contundente. Sobre una imagen de Adorni explicando la situación, comentó: "El ajuste lo paga la política, jaja".

Esta frase es una referencia directa al lema de campaña de La Libertad Avanza ("el ajuste lo paga la casta"). La ironía de Villarruel expone las grietas internas y el malestar existente entre la Vicepresidencia y el entorno de la Casa Rosada.

Las implicancias legales: ¿Qué delitos se investigan?

La controversia no es solo mediática; tiene consecuencias penales. El diputado socialista Esteban Paulón y el bloque de Unión por la Patria han avanzado con denuncias y pedidos de informes, alegando que la conducta de Adorni podría encuadrarse en delitos graves.

  • Peculado: Es un delito contra la administración pública. Ocurre cuando un funcionario público se apropia o desvía, para uso propio o de terceros (en este caso, su esposa), bienes del Estado (el avión presidencial) cuya administración le ha sido confiada.
  • Abuso de autoridad: Se configura cuando un funcionario dicta resoluciones u órdenes contrarias a las leyes, o no ejecuta las leyes cuyo cumplimiento le incumbe.
  • Violación de la Ley de Ética Pública: Esta normativa obliga a los funcionarios a velar por los intereses del Estado y evitar obtener beneficios personales derivados de su cargo.
  • El Decreto 712/24: En agosto de 2024, el propio gobierno dictó este decreto prohibiendo el uso de aeronaves públicas para cuestiones particulares. La presencia de una civil sin cargo (Angeletti) en el avión presidencial contradice directamente esta norma firmada por la actual gestión.
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Según Paulón, al admitir que llevó a su esposa en un bien del Estado por razones personales, Adorni "está confesando varios delitos".

La respuesta institucional: Pedido de Interpelación

Ante la gravedad de los hechos, la oposición ha solicitado la interpelación de Adorni bajo el Artículo 101 de la Constitución Nacional. El Jefe de Gabinete tiene la obligación constitucional de asistir al Congreso a informar sobre la marcha del gobierno. Sin embargo, una "interpelación" o citación especial implica que debe comparecer específicamente para dar explicaciones sobre un tema puntual y controvertido.

Si las explicaciones no satisfacen a los legisladores, el Congreso podría evaluar una moción de censura (un voto formal de desaprobación que, en casos extremos, puede llevar a la remoción).

El antecedente: El vuelo privado a Punta del Este

El escándalo de Nueva York reactivó la investigación sobre otro viaje polémico ocurrido en febrero, durante el feriado de Carnaval.

Los detalles de ese viaje:

  • El transporte: La familia Adorni viajó en un jet privado Hondajet (matrícula LVHWA) de la empresa Alphacentauri.
  • El costo: Se estima que el vuelo de 35 minutos tuvo un valor de mercado cercano a los 10.000 dólares.
  • Trato VIP: Para evitar ser vistos en el aeropuerto de San Fernando, la familia utilizó el hangar privado de la empresa Aviaser y realizó los trámites de migración de manera reservada, un privilegio usualmente reservado para altos funcionarios en misión oficial, no para vacaciones privadas.
  • Los acompañantes: Viajaron su esposa, sus hijos y el periodista Marcelo Grandio, amigo personal del funcionario.

En su momento, Adorni intentó clausurar el tema declarando: "Yo de mi vida privada no hablo. El viaje me lo pagué todo yo, de punta a punta". Sin embargo, la justicia y la oposición cuestionan la capacidad de compra frente a los ingresos declarados y si existieron "dádivas" (regalos indebidos a funcionarios) o incompatibilidades.

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Mientras el gobierno intentó contrarrestar la crisis difundiendo fotos de Adorni trabajando en el Bank of America junto a gobernadores para justificar su frase de "deslomarse", la situación judicial avanza. El funcionario deberá comparecer ante el Congreso en abril, donde se espera que la oposición utilice estos dos expedientes —el avión presidencial y el jet privado— para cuestionar la integridad ética de su gestión.