Branka Motors: prisión preventiva y embargo millonario para los tres acusados
La jueza Carolina Parra ordenó dos meses de detención para los tres imputados por presunta defraudación. Investigan 348 hechos y una maniobra que habría afectado a cientos de sanjuaninos. La físcalia pidió alargar al investigación un año.
La Justicia de San Juan resolvió dictar prisión preventiva por dos meses para los principales acusados en la causa conocida como Branka Motors. La medida alcanza a Alexis Javier Marcó, Jonathan David Marcó y Agustín Banegas Subiría, imputados como coautores del delito de defraudación por engaño en concurso real.
La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías Carolina Parra, quien consideró acreditada la existencia del delito y el riesgo procesal. Además, el Ministerio Público Fiscal contará con un plazo de un año para desarrollar la investigación penal preparatoria.
Durante la audiencia, la magistrada sostuvo que existen elementos probatorios suficientes para afirmar que los imputados habrían desplegado una maniobra destinada a aparentar solvencia económica y generar confianza en potenciales clientes para captar dinero mediante engaños.
Parra advirtió también que, de comprobarse la responsabilidad penal en juicio, la eventual condena sería de cumplimiento efectivo. La causa contempla 348 hechos en concurso real, con una expectativa de pena que podría alcanzar hasta seis años de prisión.
Además de la detención preventiva, la jueza dispuso la inhibición general de bienes y el embargo sobre el patrimonio de los tres imputados.
La operatoria bajo investigación
La Fiscalía sostiene que la firma funcionó entre julio de 2025 y enero de 2026 en un local ubicado sobre avenida Rioja, en Capital. Según la acusación, no se trató de simples incumplimientos contractuales, sino de un esquema planificado para inducir al error a los clientes.
Entre las modalidades detectadas se encuentran:
Supuestas ventas al contado con entrega de motocicletas en siete días que luego se prorrogaban indefinidamente.
Planes de financiación con promesas de adjudicación temprana.
Cláusulas contractuales que permitían retener parte del dinero ante cancelaciones.
Los fiscales describen una lógica similar a un sistema tipo Ponzi, en el que el dinero aportado por nuevos clientes era utilizado para cubrir compromisos anteriores, sin una actividad comercial genuina que respaldara las operaciones.
Informes incorporados a la causa provenientes de plataformas de pago y entidades financieras indicarían que los fondos ingresaban directamente a cuentas personales de los imputados, lo que evidenciaría una mezcla entre el patrimonio empresarial y el particular.
El fiscal del caso, Guillermo Heredia, en representación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, había solicitado una prisión preventiva de seis meses para los acusados y una investigación penal preparatoria de 12 meses. En su exposición ante la jueza Parra, sobre la teoría fiscal del caso, utilizó términos muy duros contra los acusados. Dijo que eran personas sin experiencia laboral que habían montado un esquema similar al Ponzi (solo que acá la promesa era la entrega de una moto) para quedarse con el dinero de sus clientes.
Los abogados querellantes, en representación de parte de los 348 denunciantes, Mario Padilla, Juan Sait, Fabiana Salinas, Filomena Noriega y Ester Iragorre, entre otros, se adherieron al planteo de la fiscalía.
En diálogo con sanJuan8.com, la abogada que representa a varios querellantes describió el impacto que la operatoria tuvo sobre las víctimas. “La mayoría era con la promesa de que se les entregue el vehículo en un plazo de siete días. Estamos hablando de sumas de motos de 13 millones”, explicó.
La letrada relató que uno de sus clientes solicitó un préstamo de 18 millones de pesos para abonar una motocicleta y que actualmente continúa pagando ese crédito. “Se siente estafado porque el préstamo es totalmente legal y se lo siguen descontando”, señaló.
También indicó que, en algunos casos, la empresa devolvía parte del dinero a quienes reclamaban con mayor insistencia, hasta que el esquema dejó de sostenerse. “A la gente que más se quejaba le devolvían parte o todo el dinero, hasta que en un momento no se pudo sostener”, afirmó.
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La abogada mencionó además la existencia de otra firma vinculada, denominada “Triax Motors”, que —según su relato— operaba bajo la misma modalidad y pertenecía a los mismos dueños.
Otro aspecto que llamó la atención en la investigación fue el testimonio de proveedores y concesionarias que vendían motocicletas a valores determinados y luego advertían que eran comercializadas por la firma a precios inferiores. “Vendían motos a 13 o 14 millones y después las devaluaban a 12 millones. Era incomprensible porque en vez de ganar parecían perder. Así iban trabajando el telar”, sostuvo.
Según precisó, muchas víctimas reclaman la devolución del dinero con intereses y una reparación integral. Incluso mencionó que existirían más denuncias y montos millonarios en juego.
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La investigación ya acumula cientos de presentaciones y mantiene en vilo a decenas de familias que aseguran haber sido perjudicadas. Con la prisión preventiva dictada y el embargo de bienes, la causa entra ahora en una etapa clave.
Mientras la Fiscalía profundiza la pesquisa, los imputados permanecerán detenidos y la Justicia deberá determinar si la operatoria constituyó un fraude masivo o una cadena de incumplimientos contractuales.
