Como respaldo, el Ministerio Público Fiscal presentó conversaciones de WhatsApp, audios y el comprobante de la transferencia bancaria que mostraban el circuito del dinero desde la cuenta del paciente hacia la billetera de Furlotti.
La condena que nadie entendió
El juicio oral comenzó el 12 de mayo. Furlotti llegó al banquillo imputado por estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero el fallo del juez Alberto Caballero sorprendió a las partes: absolvió al médico del delito de estafa y lo condenó únicamente por incumplimiento de deberes de funcionario público, con una pena de apenas un mes de prisión en suspenso y dos meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El magistrado justificó la absolución por estafa argumentando que la operación fue exitosa y que el paciente sabía para qué entregaba el dinero. Una lógica que la fiscalía rechazó de plano.
El fiscal de la causa, Nicolás Schiattino, presentó una impugnación calificando el fallo de "arbitrario" e "irrazonable". Para la fiscalía, Furlotti se aprovechó deliberadamente de la desesperación y vulnerabilidad de su paciente para lucrar con un servicio que el Estado garantiza de forma totalmente gratuita. En el mismo sentido, la querellante Josela Echegaray Moya también impugnó la sentencia y solicitó su corrección. El caso llegará al Tribunal de Impugnaciones, que deberá revisar si el fallo se sostuvo o fue un error judicial de magnitud.
La fiscalía advirtió que tolerar condenas tan leves ante maniobras de esta naturaleza amenaza directamente la confianza de la sociedad en la salud pública y en el sistema de justicia.
El paciente murió. La causa siguió
Un dato que agrega gravedad al caso es que Axel Fabián Marinero falleció días después de la cirugía, a raíz de un paro cardíaco. Por ese hecho, Furlotti fue desvinculado del hospital. Fue la pareja del joven quien impulsó la denuncia que derivó en el juicio oral, aportando las conversaciones y el comprobante de transferencia como prueba central.
Uno de los momentos más tensos del juicio fue la ausencia de la directora del Hospital César Aguilar, doctora Daiana Milagros Martínez, quien no se presentó a declarar pese a estar citada como testigo clave. Su inasistencia generó un pedido para que fuera convocada bajo apercibimiento de ser trasladada por la fuerza pública.
Cuando finalmente declaró, Martínez dijo no tener certeza sobre el stock de insumos disponible al momento de la cirugía y calificó el cobro del médico como un "error". Esas declaraciones llevaron al Ministerio Público Fiscal a solicitar que se investigue si existió una omisión en los deberes de control y vigilancia dentro del establecimiento. El juez Caballero hizo lugar al pedido y ordenó remitir el expediente a la UFI de Delitos Especiales para investigar su posible responsabilidad penal.
Ahora, en ese contexto judicial, Martínez presentó su renuncia al cargo. En una carta dirigida al personal del hospital, la ahora exdirectora explicó que la decisión obedece a "razones personales", agradeció el acompañamiento del equipo de trabajo y destacó los dos años y medio de gestión.
Aclaró que continuará trabajando en el hospital "como una compañera más". En ningún momento de la carta hizo referencia a la investigación en su contra.
Qué viene ahora
El escenario judicial tiene dos frentes abiertos. Por un lado, el Tribunal de Impugnaciones deberá analizar el recurso presentado por la fiscalía y la querella para determinar si la absolución por estafa fue correcta o si corresponde modificar la condena de Furlotti.
Por otro, la UFI de Delitos Especiales avanza en la investigación sobre la actuación de la exdirectora del hospital, con el foco puesto en si existieron responsabilidades penales derivadas del control interno del nosocomio durante los hechos.
Por Gabriel Rotter.
