Por primera vez desde que surgió la denuncia en su contra en abril pasado, Juan Cacho Garay (68) quedó alojado en la penitenciaría. Un juez hizo lugar al pedido de la parte acusatoria y también ratificó la misma situación para su presunta cómplice del abuso sexual, la empleada legislativa Sandra Astudillo Staffolani (56).
A las 15 de este viernes se reanudó la audiencia que había comenzado el miércoles pasado, donde la fiscal de Violencia de Género, Mónica Fernández Poblet, y los abogados querellantes Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton pidieron el revoque del arresto domiciliario del humorista.
El argumento principal fue un agravamiento en la imputación de Garay, que hace suponer que si es encontrado culpable en un futuro juicio recibiría una pena mínima de 8 años de prisión. También deslizaron que están acreditados problemas de salud suficientes para que continúe con el arresto domiciliario que hasta esta mañana estaba cumpliendo en la casa de su hermana, ubicada en Coquimbito.
Te puede interesar...
El juez Federico Martínez hizo lugar al pedido de la parte acusatoria y, al mismo tiempo, dictó la prisión preventiva en la cárcel de Sandra Astudillo Staffolani, quien ya se encontraba en la penitenciaría desde hace una semana por decisión de la fiscal.
Vale aclarar que el magistrado rechazó los planteos de ambas defensas que habían insistido con la libertad de sus clientes o al menos un arresto domiciliario; además de algunas nulidades en el expediente. También hizo lugar a un embargo de $5 millones para Garay y $2,5 millones para Astudillo que pidieron los abogados de Verónica Macías para garantizar un futuro pago de costas del proceso y de resarcimiento en caso de que sean condenados en un futuro.
Por lo pronto, Cacho Garay pasará el fin de semana detenido en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada), ubicada anexa al Polo Judicial Penal. Luego se definirá en que penitenciaría quedará alojado.
Por su parte, sus abogados adelantaron que apelarán la decisión del juez Martínez ya que el expediente está habilitado para seguirse trabajando durante las próximas dos semanas que hay feria judicial.
Recusación fallida
Tal como ocurrió toda esta semana, la mañana de este viernes también fue movida en el expediente ya que los representantes legales de Cacho Garay -Daniel Romero y Juan Pablo Ildarraz- habían pedido la recusación de la fiscal Fernández Poblet.
Los letrados presentaron como argumentos una presunta "pérdida de objetividad" ya que la fiscal no habría hecho lugar a pruebas de descargo que pidió la defensa y una "amistad" que tendría con el juez que resolvió la situación este viernes.
Si el pedido prosperaba, el Ministerio Público Fiscal iba a tener que cambiar de fiscal en el caso por segunda vez ya que el primer investigador que tuvo el expediente fue Daniel Carniello, quien terminó apartado por pedido de los abogados de Verónica Macías. Sin embargo, promediando el mediodía la fiscal adjunta María Paula Quiroga ratificó a Fernández Poblet al frente de la pesquisa.
La denuncia de violencia de género contra Cacho Garay
En los primeros días de abril trascendió una denuncia por violencia de género que Verónica Macías hizo contra su esposo, Cacho Garay. La mujer explicó que el 5 de abril mantuvo una discusión con Cacho Garay en el domicilio donde convivían en Luján de Cuyo. La situación se fue elevando de tono hasta que el acusado tomó un arma de fuego, le apuntó a la cabeza y le advirtió "te voy a matar".
Una semana después se realizó un allanamiento en el domicilio donde el humorista fue detenido y se secuestraron cuatro armas de fuego de colección, de las cuales dos estaban aptas para el disparo. Sin embargo, estuvo menos de 24 horas preso ya que recuperó la libertad.
La bailarina amplió su testimonio y habló de reiterados abusos sexuales y de haber sido privada de su libertad por parte de Cacho Garay. La Fiscalía de Violencia de Género agravó la imputación y ordenó la detención domiciliaria del sospechoso.
El humorista está acusado de amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, abuso sexual con acceso carnal, privación de la libertad agravada y desobediencia a una orden judicial. Arriesga una potencial condena de 8 a 32 años de cárcel.
Semanas después se apuntó contra la empleada legislativa Sandra Astudillo Staffolani, quien había sido pareja de Cacho Garay. Creen que participó en varios abusos sexuales que el humorista cometió contra Verónica Macías entre los años 2011 y 2013. Los hechos ocurrieron en distintas viviendas y se trató de vejámenes con penetración y hasta la obligaron a consumir sedantes, según declaró la denunciante.