Córdoba suspenderá el pago de sueldos a funcionarios y agentes que no presenten el test antidrogas anual. Es la medida más estricta entre 12 provincias con controles similares.
El Gobierno de Córdoba avanzó con una decisión inédita en el país: suspender el pago de haberes a funcionarios y empleados públicos que no cumplan con la presentación del certificado negativo de consumo de sustancias ilícitas.
La medida fue oficializada este lunes mediante la Resolución N° 61, firmada por el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, y establece un mecanismo directo de sanción económica ante el incumplimiento.
Según la normativa, las áreas de Recursos Humanos deberán informar de inmediato a la Secretaría de Capital Humano cualquier caso en el que no se presente el certificado. A partir de esa notificación, se activará la suspensión de la liquidación de sueldos, que se mantendrá hasta que el agente regularice su situación.
El alcance es amplio: incluye desde el gobernador y vicegobernador hasta legisladores, ministros, secretarios, directores, asesores y personal de la administración pública provincial.
Además, la resolución fija un protocolo específico para los casos en que los análisis arrojen resultados positivos. En esas situaciones, se dará intervención a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, que evaluará las acciones a seguir.
El esquema reglamenta la Ley N° 10.954, que establece la obligatoriedad de estos controles, con un plazo límite anual para su presentación hasta el 31 de marzo, o dentro de los 60 días hábiles desde la asunción en el cargo.
Más allá del alcance local, la medida se inscribe en una tendencia nacional. Actualmente, al menos 12 provincias aplican controles similares de consumo de sustancias, principalmente sobre funcionarios políticos y fuerzas de seguridad. Sin embargo, Córdoba se diferencia al incorporar una sanción directa sobre el salario, algo que hasta ahora no se había implementado con este nivel de rigidez.
La decisión marca un endurecimiento en los mecanismos de control interno del Estado y abre el debate sobre los límites y alcances de este tipo de exigencias en la función pública.
