El Reino Unido volvió a fundamentar su posición en el principio de autodeterminación. Según sostuvo, los habitantes de las islas tienen derecho a determinar su condición política y a desarrollar libremente sus actividades económicas, sociales y culturales.
Como antecedente, Londres recordó el referéndum realizado en las islas en 2013, en el que, según el Gobierno británico, el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus de las islas como territorio de ultramar del Reino Unido, con una participación del 92%.
A partir de ese resultado, el Reino Unido sostiene que no puede existir una negociación sobre soberanía sin la participación y consentimiento de los isleños.
La posición británica contrasta con la del Gobierno argentino, que sostiene que la cuestión de Malvinas constituye una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y reclama la reanudación de negociaciones bilaterales. Ese fue precisamente uno de los planteos centrales realizados por Milei ante la Asamblea General.
El otro punto central de la respuesta estuvo relacionado con los recursos naturales.
El Reino Unido afirmó que respalda el derecho de los habitantes de las islas a desarrollar sus recursos naturales y sostuvo que la explotación de hidrocarburos constituye una actividad comercial legítima, regulada por las autoridades de las islas.
La administración británica también afirmó que la legislación argentina no se aplica sobre las Islas Malvinas y rechazó los intentos argentinos de sancionar u obstaculizar a empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona.
El Gobierno argentino, por su parte, sostiene una posición contraria. En su discurso ante la ONU, Milei afirmó que el proyecto Sea Lion avanza hacia la extracción de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte mediante licencias británicas que Argentina considera ilegales. El Gobierno ya impulsó sanciones contra empresas y proveedores vinculados con esas actividades y envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
De esta manera, el intercambio entre ambos gobiernos volvió a poner en primer plano la disputa por la soberanía de las islas y, en particular, el conflicto por la explotación de los recursos naturales en el área.
