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Reino Unido desafió a Milei por Malvinas y respaldó la explotación de sus recursos

A través de un comunicado, el Gobierno británico calificó de “inaceptables” las medidas adoptadas por la gestión de Javier Milei contra las firmas que operen en las aguas de las islas y ratificó su respaldo a la actividad económica en el archipiélago.

El conflicto por Malvinas sumó este viernes un nuevo capítulo diplomático y económico. El Reino Unido rechazó las medidas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei contra empresas y personas vinculadas con actividades económicas e hidrocarburíferas en las islas y aseguró que continuará respaldando a quienes desarrollen negocios en el archipiélago.

La respuesta fue difundida por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar del Gobierno británico, quien calificó de “inaceptables” y “sin justificación legal” los cargos contra compañías e individuos que suministran bienes y servicios a las islas, incluidos los relacionados con el sector de hidrocarburos.

Londres, además, volvió a sostener su posición sobre la soberanía de las islas y afirmó que sus habitantes tienen derecho a desarrollar los recursos naturales del archipiélago.

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La respuesta llega después de la ofensiva de Milei

El pronunciamiento británico se produjo después de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno argentino durante septiembre.

El 4 de septiembre, la Casa Rosada anunció procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas que, según la administración Milei, estarían vinculadas con actividades hidrocarburíferas prohibidas por la Ley 26.659. Cuatro días después, sumó otros 15 sujetos a esos procedimientos.

Además, el Gobierno argentino presentó denuncias penales contra empresas vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, entre ellas compañías relacionadas con Navitas Petroleum y JHI Associates, por considerar que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas para explorar y explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

La ofensiva se profundizó esta semana con el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca ampliar las herramientas del Estado frente a la explotación de recursos naturales que Argentina considera ilegítima.

El petróleo volvió a quedar en el centro de la disputa

Uno de los principales puntos de tensión es el desarrollo de Sea Lion, un proyecto hidrocarburífero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y vinculado con Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

Argentina sostiene que las actividades desarrolladas en esa zona vulneran su legislación y sus derechos soberanos sobre los recursos naturales. Por eso, además de los procedimientos administrativos, avanzó con denuncias judiciales contra compañías y personas relacionadas con el proyecto.

El Reino Unido sostiene una posición completamente diferente. En su comunicado oficial de este viernes, Londres afirmó que las decisiones sobre hidrocarburos corresponden a los habitantes de las islas y a las empresas involucradas, y aseguró que respaldará a quienes desarrollen actividades comerciales allí.

La disputa, así, dejó de estar limitada al reclamo histórico de soberanía y volvió a concentrarse también en quién puede explotar y comercializar los recursos naturales del archipiélago.

Londres ratificó su respaldo económico a las islas

La declaración británica también tuvo un fuerte componente económico. Kumaran sostuvo que la economía de las islas continúa desarrollándose pese a las medidas argentinas y afirmó que existen oportunidades para nuevas inversiones.

El Gobierno británico aseguró que trabajará junto con la administración de las islas para proteger sus intereses y avanzar con su desarrollo económico.

Desde Buenos Aires, en cambio, la estrategia oficial apunta a utilizar herramientas administrativas, judiciales y legislativas para intentar frenar las actividades que considera una explotación ilegítima de recursos argentinos.

El choque de posiciones vuelve a colocar a Malvinas en el centro de una disputa que combina soberanía, petróleo, inversiones y presión diplomática, mientras el proyecto enviado por Milei al Congreso comienza ahora su recorrido parlamentario.