Las empresas que quedaron bajo la lupa
La denuncia individualizó a varias compañías, principalmente de origen español, que trabajan asociadas con sociedades mixtas constituidas en Malvinas.
Entre las firmas mencionadas aparecen Lanzal, vinculada con Petrel Fishing Company Ltd.; Grupo Pereira, asociada con Argos Group Ltd.; Pescapuerta y Copemar, relacionadas con South Atlantic Squid; Ferralmes, vinculada con Castelo Fishing Co.; Hermanos Touza, asociada con Beaufort Fishing Ltd.; y Moradiña, relacionada con Polar Ltd.
La presentación también identifica a distintos buques utilizados por esas sociedades para la explotación pesquera en el Atlántico Sur.
La denuncia apunta al posible delito de contrabando
El eje de la presentación judicial está puesto en la posibilidad de que estas operaciones configuren contrabando.
Los denunciantes sostienen que las empresas extraerían recursos pesqueros de un área que Argentina considera parte de su territorio para luego realizar exportaciones, transbordos en alta mar o descargas en Puerto Argentino y terminales de terceros países, sin pasar por los controles de las autoridades argentinas.
La otra hipótesis planteada está relacionada con la utilización de licencias británicas. Según la denuncia, ese mecanismo permitiría evitar el control de la Aduana argentina y, eventualmente, el pago de derechos de exportación y el cumplimiento de los regímenes cambiarios vigentes.
Los abogados solicitaron que los hechos sean analizados, en principio, bajo los artículos 863, 864 inciso a y 865 del Código Aduanero, que contemplan distintas modalidades y agravantes vinculadas con la evasión del control aduanero y la exportación clandestina.
Entre las circunstancias que pidieron investigar aparecen además la presunta afectación patrimonial del Estado, una eventual participación organizada de tres o más personas y el uso de embarcaciones para evitar los controles.
También pidieron investigar a funcionarios nacionales
La denuncia no apunta únicamente contra las compañías pesqueras. Los abogados solicitaron que se determine si pudo existir un incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de autoridades nacionales.
La hipótesis planteada es que podrían haberse producido omisiones en tareas de vigilancia y patrullaje o una falta de acciones para sancionar las operaciones denunciadas y reclamar los derechos aduaneros y las multas que pudieran corresponder.
Por ahora, se trata de una denuncia que deberá ser investigada por la Justicia y no de una determinación judicial sobre la existencia de los delitos señalados.
Qué información buscan obtener
Para avanzar con la investigación, los denunciantes solicitaron distintas medidas de prueba.
A la Prefectura Naval Argentina y al INIDEP pidieron información sobre los reportes de avistamiento e identificación de las flotas vinculadas con las empresas denunciadas y de otras embarcaciones que operen en el Atlántico Sur con licencias británicas o sin autorización argentina.
También solicitaron a la Dirección General de Aduanas que informe si las compañías registraron operaciones de exportación o abonaron los aranceles correspondientes a las capturas realizadas en la zona.
Finalmente, pidieron a la Inspección General de Justicia que determine los vínculos comerciales, filiales y activos operativos que las empresas extranjeras denunciadas pudieran tener en el territorio continental argentino.
El caso vuelve así a poner bajo la lupa una de las actividades económicas más sensibles dentro de la disputa por las Islas Malvinas, esta vez a partir de una presentación judicial que busca determinar si la explotación de recursos pesqueros mediante licencias británicas pudo derivar también en maniobras contrarias a la legislación aduanera argentina.
