El Poder Ejecutivo prevé enviar la iniciativa al Congreso el próximo lunes. Todavía resta definir si la presentación será realizada de manera formal o si un funcionario concurrirá para explicar los principales puntos del proyecto.
Entre los nombres que aparecen para esa tarea están los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quienes participaron de la elaboración del texto. El oficialismo pretende que el proyecto sea tratado en Diputados entre fines de septiembre y comienzos de octubre y apuesta a conseguir un trámite parlamentario rápido.
La discusión legislativa se produce mientras el Gobierno profundiza su ofensiva contra empresas vinculadas con actividades que considera ilegales en las islas, particularmente alrededor del proyecto petrolero Sea Lion.
En ese marco, Milei anunció que las empresas o personas que brinden servicios a compañías vinculadas con la explotación de recursos argentinos sin autorización podrían quedar impedidas de contratar tanto con el Estado como con privados dentro del país.
El Presidente también informó que ya fueron abiertos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que, según el Gobierno, operan directa o indirectamente en la cuenca Malvinas sin autorización argentina.
A esa estrategia se suma el anuncio de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, cuyo financiamiento será incorporado al Presupuesto 2027, además de inversiones en infraestructura de telecomunicaciones.
El punto que todavía está en discusión es hasta dónde llegará la nueva legislación. La pesca aparece ahora como uno de los sectores que podrían quedar alcanzados por un esquema de sanciones que el Gobierno originalmente planteó en relación con la explotación de hidrocarburos.
