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El Gobierno pasó de 5 a 20 nuevos procedimientos por las actividades petroleras en Malvinas

El Gobierno nacional amplió los procedimientos por actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. A los 5 anunciados ayer se sumaron otros 15 sujetos, en el marco de expedientes que ya alcanzan a 60.

El Gobierno nacional amplió este martes los procedimientos contra otros 15 sujetos por presuntas actividades hidrocarburíferas ilegítimas en la plataforma continental argentina, vinculadas con la explotación de recursos en el área de Malvinas.

La nueva medida se conoce un día después de que la administración de Javier Milei anunciara procedimientos contra cinco empresas involucradas en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona. Con esta ampliación, los expedientes alcanzan ahora a 60 sujetos, entre personas humanas y jurídicas, según informó la Oficina del Presidente.

La medida se enmarca en la aplicación de la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.

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Según el comunicado oficial, los nuevos procedimientos apuntan a identificar y avanzar contra otros actores que habrían participado de esas actividades.

La Oficina del Presidente sostuvo que la ampliación forma parte de una estrategia destinada a identificar a todos los involucrados y avanzar con los sumarios correspondientes.

El Gobierno volvió a remarcar que no permitirá actividades vinculadas con recursos naturales en los espacios que Argentina considera propios sin autorización nacional y afirmó que continuará utilizando las vías administrativas, diplomáticas y jurídicas disponibles.

En ese marco, la administración de Milei ratificó su posición sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y aseguró que continuará avanzando contra quienes considere responsables de vulnerar la soberanía argentina.

La ampliación de este martes marca, así, un nuevo capítulo de la ofensiva administrativa y legal del Gobierno contra las empresas y personas vinculadas a la actividad hidrocarburífera en la zona.

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