La denuncia derivó en un inmediato cruce de declaraciones públicas y acusaciones cruzadas entre los involucrados, dinamizando la tensión institucional dentro del espacio oficialista.
La respuesta del Palacio de Hacienda y el respaldo del Poder Ejecutivo
Frente a los planteos formulados por la diputada, el titular de la cartera económica negó rotundamente cualquier opacidad en el manejo de las arcas públicas y sostuvo que los fondos en cuestión son plenamente auditables dentro del circuito bancario estatal. En paralelo, Caputo anunció el inicio formal de una querella por calumnias e injurias contra la legisladora, asegurando que las sumas que pudieren determinarse en el ámbito judicial serán destinadas a entidades de bien público.
La controversia sumó un ingrediente institucional de envergadura tras la intervención del presidente Javier Milei, quien a través de sus canales de comunicación pública respaldó de forma irrestricta la posición del ministro de Economía.
El mandatario desestimó los cuestionamientos de la parlamentaria con severas descalificaciones sobre su trayectoria periodística y política, lo que desencadenó una réplica por parte de Pagano con duras críticas hacia la conducción macroeconómica y la gestión de la administración central.
La explicación técnica del mercado sobre el destino de los Fondos
El trasfondo técnico de la contienda se originó tras los resultados de una licitación de deuda pública efectuada hacia fines de julio, la cual generó un excedente neto cercano a los $3,8 billones de pesos. La ausencia temporal de esos saldos en la cuenta corriente operativa del Tesoro dentro del Banco Central despertó advertencias iniciales entre analistas y consultoras del sector privado.
Sin embargo, especialistas del ámbito financiero aclararon la dinámica operativa de la transacción, precisando que los recursos excedentes no sufrieron desvíos irregulares, sino una transferencia provisoria hacia las cuentas oficiales del Estado nacional depositadas en el Banco de la Nación Argentina. Pese a las explicaciones técnicas difundidas por economistas de la plaza local, la controversia se trasladó al fuero penal, donde la Justicia deberá analizar las actuaciones presentadas.
