Principales puntos de la reforma
El proyecto propone un endurecimiento general de las penas, la eliminación de beneficios para condenados y la agilización de los procesos penales mediante el sistema acusatorio, reemplazando el modelo inquisitivo tradicional. Entre los cambios más relevantes se destacan:
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Homicidios: el simple pasaría de 8-25 a 10-30 años de prisión; el agravado mantiene prisión perpetua con nuevas agravantes.
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Lesiones y accidentes de tránsito: aumentan las penas de lesiones leves y graves, y las derivadas de conducción imprudente.
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Delitos con armas: el uso indebido de armas de fuego sin herir o con agresión, vería aumentadas las sanciones.
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Delitos sexuales y pornografía infantil: las penas se incrementan y se incorporan agravantes para situaciones específicas.
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Hurto y robo: suben los mínimos y máximos, y se tipifican figuras diferenciadas, como robos en la vía pública o cometidos por “motochorros”.
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Otros delitos: estafa, usurpación, agresiones en manifestaciones, tenencia y portación de armas, falsedad en testimonio y cohecho recibirían penas más severas.
El proyecto también contempla modificaciones en la responsabilidad penal de menores, reduciendo la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, bajo el argumento de que los adolescentes comprenden la criminalidad de sus actos y pueden ser captados por organizaciones delictivas.
Sistema acusatorio obligatorio
El texto propone la implementación obligatoria del sistema acusatorio, que asigna al fiscal la función de investigar y acusar, al imputado la posibilidad de defensa plena y al juez el rol de árbitro. Según Milei, este cambio busca agilizar los procesos penales y garantizar mayor transparencia en el accionar judicial.
La presentación se realiza en un contexto previo a las elecciones del 26 de octubre, y la discusión del proyecto en el Congreso será clave para definir su implementación. La propuesta de Milei genera un intenso debate político y social sobre los límites entre seguridad, derechos y garantías individuales.
