En ese marco, el fiscal solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un informe detallado sobre las plataformas, exchanges y operadores que funcionaron en Argentina desde 2012, período en el que el actual jefe de Gabinete aseguró haber comenzado a operar con Bitcoin.
La intención de los investigadores es reconstruir el contexto del mercado cripto de aquellos años y verificar la viabilidad de las ganancias declaradas por el funcionario.
Además, organismos especializados trabajan en la elaboración de un informe técnico sobre la evolución histórica del valor del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad para contrastar los movimientos económicos informados en el expediente.
La investigación también avanzó sobre una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, donde Adorni adquirió y remodeló una vivienda. La fiscalía requirió registros de ingresos y egresos vinculados al inmueble para reconstruir aspectos patrimoniales relacionados con las obras realizadas.
En ese contexto aparece la figura del contratista Matías Tabar, quien declaró haber ejecutado trabajos de remodelación por aproximadamente 245.000 dólares y haber intervenido en distintas compras realizadas para la propiedad.
A partir de pericias sobre dispositivos electrónicos secuestrados en la causa, surgieron registros de adquisiciones de artículos para el hogar por más de 8 millones de pesos, motivo por el cual la Justicia solicitó documentación complementaria para determinar quién fue el destinatario final de esos bienes.
También investigan movimientos familiares
Otra de las medidas ordenadas apunta a verificar información relacionada con familiares del funcionario. Entre otros requerimientos, la Justicia busca determinar la situación habitacional de la madre de Adorni en un barrio privado bonaerense y solicitó información sobre una causa paralela que involucra a su hermano, Francisco Adorni, también investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Asimismo, Pollicita pidió informes laborales para determinar si Manuel Adorni y su esposa prestaron servicios en una fundación vinculada al ámbito universitario y cuáles fueron los ingresos percibidos durante esos años.
El anuncio de gestión en medio de la polémica
Mientras la investigación avanza, Adorni utilizó sus redes sociales para comunicar una nueva medida del Gobierno nacional.
Según informó, desde ahora los profesionales de la salud egresados de universidades nacionales podrán gestionar simultáneamente el título profesional y la matrícula nacional mediante un trámite digital unificado y sin costo. El anuncio se produjo en momentos en que el funcionario enfrenta cuestionamientos políticos y judiciales, además de la posibilidad de ser convocado a brindar explicaciones ante el Congreso.
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En paralelo, la Casa Rosada trabaja en la preparación del informe que Adorni deberá presentar ante el Senado el próximo 2 de julio, una exposición que genera expectativa debido a los cuestionamientos que enfrenta por su situación patrimonial.
Mientras tanto, sectores del oficialismo mantienen negociaciones parlamentarias para evitar nuevos avances opositores vinculados a pedidos de interpelación.
Con las nuevas medidas ordenadas por la fiscalía, la investigación ingresó en una etapa clave orientada a determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y la evolución de su patrimonio durante los últimos años.
