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Mientras tanto, dentro del oficialismo predomina el silencio. Ningún integrante del Gabinete realizó manifestaciones públicas de respaldo contundente al funcionario, una situación que alimenta las especulaciones sobre la incomodidad que el caso genera dentro de la administración nacional.
En paralelo, distintos dirigentes opositores avanzaron con pedidos de interpelación, denuncias judiciales y reclamos para que el Congreso analice la situación del jefe de Gabinete. Legisladores de la UCR, la Coalición Cívica y otros bloques cuestionaron la gravedad institucional del episodio y reclamaron mayores explicaciones.
La controversia también llegó al ámbito judicial. Diputados nacionales impulsaron presentaciones para que se investigue si existieron irregularidades en las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Adorni ante los organismos correspondientes.
Por ahora, el funcionario continúa en su cargo y mantiene el respaldo de Javier Milei. Sin embargo, la presión política sigue creciendo y el tema se convirtió en uno de los principales focos de tensión para el Gobierno nacional.
En el Congreso ya se impulsan iniciativas para convocarlo a brindar explicaciones y, eventualmente, debatir mecanismos institucionales que podrían derivar en sanciones políticas si prosperan los planteos de la oposición.
Mientras la polémica continúa escalando, el oficialismo apuesta a que la agenda económica y otros temas de interés público permitan bajar la intensidad del debate. Sin embargo, los cuestionamientos sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete siguen ocupando un lugar central en la discusión política nacional.
