Ley de Glaciares: el Gobierno retrasa el debate y habrá audiencia pública
La oposición logró imponer audiencias públicas el 25 y 26 de marzo y frenó el intento de tratamiento exprés que impulsaban La Libertad Avanza y gobernadores.
El oficialismo no consiguió avanzar con el tratamiento acelerado de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. A pedido de la oposición dialoguista, se acordó realizar audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo, lo que postergará al menos hasta abril la posibilidad de emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto.
La decisión se formalizó en una reunión plenaria de las comisiones de Ambiente y Legislación General. Con este nuevo cronograma, el 25 y 26 quedarán destinados al debate abierto bajo un formato híbrido, en línea con lo que establece la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Hasta esa fecha, el oficialismo no podrá emitir dictamen ni tratar el tema en el recinto.
El acuerdo representa un triunfo político para los bloques que reclamaban mayor participación ciudadana y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, firmado por la Argentina en 2020. El pedido fue encabezado por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, acompañado por legisladores del interbloque Provincias Unidas.
“Resulta imprescindible garantizar una instancia de participación pública amplia, plural, federal y efectiva ante la eventual modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales, especialmente cuando están en juego reservas estratégicas de agua”, sostuvo Ferraro.
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Desde la oposición advierten que no se trata de una discusión menor: la reforma habilitaría a las provincias mineras a decidir si pueden desarrollarse proyectos extractivos en zonas periglaciares actualmente protegidas por su condición de reservorios de agua dulce.
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Impacto en la estrategia oficial
La postergación altera los planes de La Libertad Avanza, que pretendía llegar al 12 de marzo con la ley aprobada en Diputados. Esa semana se realizará la “Argentina Week” en Nueva York, un evento donde el Gobierno busca presentar al país como un polo atractivo para la inversión minera.
La nueva normativa era vista como una señal clave para el sector, pero el freno legislativo complica esa estrategia.
Gobernadores de provincias mineras también habían presionado para acelerar el debate, en un contexto donde, según distintos estudios de opinión que manejan tanto en las provincias como en la Casa Rosada, crece el rechazo social al proyecto a medida que se conocen sus alcances.
Un debate que recién empieza
El oficialismo había previsto iniciar jornadas informativas para dictaminar la semana próxima. Sin embargo, la oposición insistió en abrir el proceso con audiencias públicas formales, invocando la Constitución y la normativa ambiental vigente.
Con este nuevo escenario, la discusión por la Ley de Glaciares se extenderá y sumará voces técnicas, ambientales y empresariales antes de llegar al recinto. La pulseada política dejó en claro que el debate por el desarrollo minero en zonas sensibles seguirá generando tensiones dentro y fuera del Congreso.
