Entre los elementos secuestrados había cámaras ocultas en anteojos, llaves de automóvil, lapiceras, mouse y controles remotos, además de detectores de micrófonos y cámaras ocultas, rastreadores GPS, inhibidores de señal y un teléfono satelital.
Sin embargo, ese no fue el único descubrimiento. En la misma propiedad los investigadores encontraron más de 650 mil dólares, dinero en efectivo de distintas monedas y una importante cantidad de sustancias ilegales, entre ellas cocaína, ketamina, MDMA y drogas sintéticas.
La investigación también se extendió a Mendoza, donde fueron allanadas propiedades vinculadas a Leal y otros exfuncionarios. En uno de esos procedimientos se secuestraron más de 1,7 millones de dólares, elevando el total hallado a más de 2,4 millones de dólares.
La causa apunta ahora a determinar si existió un esquema de corrupción vinculado a contrataciones estatales, direccionamiento de licitaciones y posibles pagos ilegales dentro de organismos nacionales.
Además de Leal, la Justicia investiga a otros exdirectivos relacionados con ARSAT y áreas de Transporte. Entre ellos aparecen Gerardo Boschín, exgerente de Administración y Finanzas de la empresa estatal, y Juan Andrés Navarro, quien ocupó cargos estratégicos en el área comercial.
Mientras avanzan los peritajes sobre los dispositivos electrónicos, el dinero y la documentación secuestrada, los investigadores intentan reconstruir el posible circuito de decisiones y determinar si los equipos de espionaje fueron utilizados para registrar reuniones o conversaciones vinculadas con las maniobras bajo sospecha.
Lo que comenzó como una denuncia por la desaparición de equipamiento tecnológico terminó convirtiéndose en una de las investigaciones más sensibles sobre el manejo de organismos estatales de los últimos años.
