La Rioja reavivó la histórica disputa con San Juan por la mina Josemaría
El gobernador riojano volvió a reclamar parte de las regalías de Josemaría, el megayacimiento cuprífero ubicado en Iglesia. Desde 2018, La Rioja sostiene que parte del proyecto se asienta en su territorio.
La disputa limítrofe y económica entre San Juan y La Rioja por el yacimiento minero Josemaría volvió a escalar. El gobernador Ricardo Quintela anunció que su administración evalúa abrir un frente judicial contra San Juan por los límites territoriales en la zona cordillerana donde se emplaza el proyecto, considerado uno de los más importantes del país por su potencial en cobre, oro y plata.
El planteo no es nuevo: la controversia se remonta a 2018, cuando Jorge Yoma, operador político cercano a Quintela, comenzó a reclamar que La Rioja debía participar de las regalías del emprendimiento, así como de futuros proyectos como Filo del Sol. Según argumentan desde la vecina provincia, parte de las instalaciones y los impactos ambientales se ubican sobre territorio riojano.
Yoma reiteró que el reclamo se basa en la afectación del río Blanco, considerado acuífero natural de las poblaciones riojanas, y en la zona del glaciar El Potro, compartido con San Juan.
“Debe haber un reconocimiento de regalías para los riojanos, porque el cobre y el oro que se extraerán también están en suelo riojano. No hace falta modificar ninguna ley: el recurso natural es compartido”, sostuvo.
Desde el gobierno riojano argumentan además que el límite interprovincial fue fijado a fines de los años ’60 durante un gobierno de facto, por lo que —según su postura— carece de validez en democracia. La línea divisoria estableció al cerro El Potro como parte de San Juan, donde la empresa Lundin proyecta invertir más de US$ 3.000 millones y generar unos 4.000 empleos durante la construcción.
Quintela: “Fue una entrega ilegítima e ilegal”
En declaraciones televisivas, Quintela aseguró que la mina “alguna vez fue riojana” y acusó a antiguas administraciones de haber concretado una “entrega ilegítima e ilegal del territorio”.
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“La mina más importante del país fue riojana. Eso se entregó en un convenio ilegítimo entre los gobernadores Carlos Enrique Gómez Centurión y Guillermo Iribarren. Lo vamos a discutir, posiblemente el próximo año”, adelantó el mandatario.
El gobernador no descartó que La Rioja presente una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, tribunal competente para resolver conflictos entre provincias. Su objetivo sería recuperar parte del territorio donde hoy se encuentra el emprendimiento, actualmente bajo jurisdicción sanjuanina, en el departamento Iglesia.
El valor estratégico de Josemaría
El proyecto Josemaría, pilar del desarrollo minero sanjuanino, contempla una inversión de magnitud internacional, con 4.000 empleos en la etapa de construcción y unos 1.200 puestos estables durante al menos tres décadas de operación.
Por su envergadura, se trata de uno de los ejes de la economía provincial, con fuerte impacto en infraestructura, empleo y desarrollo regional. En ese contexto, el reclamo riojano no solo apunta a la participación económica, sino también a posicionarse políticamente en un escenario de crisis fiscal y tensión con la Casa Rosada.
Un reclamo que vuelve con respaldo político
La controversia por las regalías de Josemaría ya había tenido un capítulo nacional. En 2020, durante una visita a San Juan, el entonces presidente Alberto Fernández se refirió al conflicto y respaldó la posición sanjuanina: “La Constitución es muy clara: las provincias son dueñas de sus recursos naturales. No hay más que hablar.”
Fernández agregó que “la minería tiene sentido cuando se explota responsablemente y con acuerdo social, como se hace en San Juan”, y envió un mensaje a la gestión riojana: “Tal vez puedan ganar algo ayudando al desarrollo minero, en lugar de cuestionarlo.”
El nuevo avance de Quintela se enmarca en un giro de su estrategia política en medio de la crisis económica y su disputa con el Gobierno nacional. Desde La Rioja buscan fortalecer un discurso de soberanía provincial y diversificación productiva, incluso a costa de tensar el vínculo con San Juan.
Mientras tanto, el gobierno sanjuanino evita pronunciarse públicamente, aunque la posición histórica es clara: el yacimiento está íntegramente en territorio sanjuanino, y por lo tanto, las regalías corresponden exclusivamente a la provincia.
