Mientras la investigación avanza, comenzaron a conocerse datos que agravan el contexto en el que vivía el menor. Fuentes judiciales revelaron que se solicitaron informes a otras provincias donde residió la madre, Mariela Altamirano, ante la existencia de antecedentes vinculados a situaciones de violencia y la intervención previa de organismos por la tenencia de otro hijo.
El caso también reavivó el reclamo de la familia paterna, que apunta directamente a una falla del sistema. El padre del niño sostuvo que había advertido sobre los riesgos de que el menor conviviera con su madre, quien había estado ausente durante gran parte de su vida. Según su testimonio, el niño había sido criado por él desde pequeño y fue restituido a la madre hace pocos meses, en una decisión que ahora está bajo cuestionamiento.
Embed - CASO ÁNGEL: LOS TRAUMATISMOS SERÍAN RECIENTES
En la misma línea, allegados al entorno familiar denunciaron que hubo advertencias previas a organismos estatales que no habrían sido atendidas. Estas acusaciones abren otra línea de análisis dentro de la causa: la posible responsabilidad de funcionarios por omisión en la protección del menor.
Por ahora, el expediente se encuentra en una etapa clave. La fiscalía continúa recolectando pruebas, mientras los resultados de las pericias médicas serán fundamentales para definir la mecánica del hecho y determinar si hubo responsabilidad penal directa.
El caso de Ángel no solo conmociona por la muerte de un niño, sino también por las dudas que deja sobre las decisiones que lo rodearon en sus últimos meses de vida.
