El Gobierno advirtió que acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar si no se cumple el requerimiento.
La medida se tomó frente a lo que el Gobierno Nacional considera una explotación unilateral de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, situación que el Gobierno considera contraria al derecho internacional.
En ese marco, la Oficina del Presidente informó que Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El reclamo apunta a impedir la explotación de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto denominado “Sea Lion”, además de evitar la adopción de otras medidas que puedan agravar la situación.
La Argentina recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países e instó a los dos gobiernos a encontrar una solución mediante negociaciones.
La Argentina estableció un plazo de dos semanas para que el Reino Unido adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades destinadas a la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
En caso de que el requerimiento no sea cumplido dentro del plazo fijado, el Gobierno solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos argentinos sobre la Plataforma Continental.
Además, el Gobierno manifestó su rechazo a la respuesta del Reino Unido frente a la declaración realizada por Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Por otra parte, la Oficina del Presidente informó que se detectaron operaciones realizadas por la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas.
Frente a esa situación, Milei ordenó a los equipos de gobierno iniciar de forma urgente los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, además de las gestiones diplomáticas pertinentes.
El comunicado concluye que la Argentina continuará utilizando herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas para defender sus derechos soberanos y reafirma: “Las Malvinas son argentinas”.
