En ese escenario, San Juan aparece con sus 1.657 IVE e ILE, una cifra que la ubica por debajo de Buenos Aires, con 41.446; Córdoba, con 9.341; Tucumán, con 2.417; Jujuy, con 1.973; y Corrientes, con 1.933. A su vez, supera los registros de San Luis, Entre Ríos y Misiones.
El número provincial tiene, de todos modos, una particularidad metodológica. El relevamiento buscó información en las 24 jurisdicciones, pero recibió respuestas directas de 16. En el caso de San Juan, los datos fueron completados con información aportada por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
La cantidad de interrupciones permite dimensionar el alcance de la prestación en el sistema público, pero el informe plantea una discusión más amplia sobre quién sostiene hoy ese acceso.
Según el relevamiento, luego de que el Ministerio de Salud de la Nación discontinuara la compra de insumos destinados a los servicios de aborto, 13 provincias comenzaron a sostener la prestación con presupuesto propio.
Es un cambio relevante desde la perspectiva sanitaria. La atención no termina en la existencia de una ley: requiere medicamentos, insumos, profesionales y establecimientos capaces de garantizar la práctica. Cuando una parte de esos recursos deja de llegar desde Nación, el costo pasa a impactar directamente sobre los presupuestos provinciales.
El reporte ubica esa situación dentro de una reducción más amplia del financiamiento nacional para salud sexual y reproductiva. Entre 2023 y 2026, señala, el gasto del programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable cayó un 57%.
El impacto también aparece en el acceso a anticonceptivos. Según las estimaciones del informe, la cobertura con métodos financiados por ese programa pasó de más de 1,2 millones de mujeres en 2024 a unas 63.000 proyectadas para 2026, una caída estimada del 93%.
Otro de los datos que aporta el estudio es la cantidad de establecimientos que continúan garantizando la prestación. En las 19 provincias que informaron ese indicador fueron contabilizados 1.846 efectores públicos con acceso a IVE e ILE. El número es similar al de 2023, cuando se habían registrado 1.862.
El informe no detalla cuántos de esos establecimientos corresponden específicamente a San Juan, por lo que ese dato no puede establecerse a partir del relevamiento.
La atención también mantiene un fuerte componente de primer nivel. De las 15 provincias que informaron la complejidad de sus efectores, 14 concentraban al menos el 70% de los establecimientos en ese nivel. Además, en 11 jurisdicciones alrededor del 90% de las interrupciones se realizó durante las primeras 12 semanas de gestación.
La medicación continúa siendo el método predominante entre las provincias que informaron esa variable, mientras que la aspiración manual endouterina tuvo una participación menor.
Una prestación que sigue vigente
El informe también diferencia el escenario político de la situación legal. La Ley 27.610 continúa vigente y no fue modificada, por lo que las IVE e ILE siguen formando parte de las prestaciones contempladas por el marco sanitario nacional.
En paralelo, el reporte registra que durante 2026 el aborto volvió a ocupar un lugar dentro de la discusión política nacional y menciona declaraciones del presidente Javier Milei y la adhesión argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra. El propio documento aclara que esa declaración no constituye un tratado internacional jurídicamente obligatorio para el país.
Para San Juan, entonces, los 1.657 procedimientos registrados durante 2025 no representan solamente una estadística sanitaria. También permiten mirar cómo funciona en la práctica una política pública vigente y qué ocurre con ella cuando cambia la estructura de financiamiento.
El dato nacional muestra una cantidad de interrupciones relativamente estable en las jurisdicciones relevadas, pero al mismo tiempo un desplazamiento de parte del costo hacia las provincias. En ese punto aparece uno de los principales desafíos para los sistemas públicos de salud: sostener el acceso a una prestación legal en un contexto donde los recursos necesarios para garantizarla dependen cada vez más de los presupuestos locales.
