Adorni había sido intimado a explicar sus movimientos patrimoniales en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Su primera fecha límite era el 26 de agosto, pero consiguió una prórroga de dos semanas para presentar el escrito.
Uno de los principales argumentos de la defensa está relacionado con más de US$500.000 vinculados a inversiones en criptomonedas que, según Adorni, había realizado antes de ingresar a la función pública.
El exfuncionario había explicado públicamente que esos fondos provenían de inversiones realizadas entre 2014 y 2017 y que originalmente no habían sido incluidos en sus declaraciones juradas. Luego de hacer pública esa explicación, rectificó sus declaraciones patrimoniales para incorporar el dinero.
Ahora, su defensa presentó documentación para intentar demostrar que las billeteras virtuales utilizadas para esas operaciones eran de su propiedad antes de su llegada al Gobierno.
Uno de los elementos aportados es un acta mediante la cual un escribano certificó que Adorni tenía las claves privadas de esas billeteras. Sin embargo, el documento fue realizado en septiembre de este año y, según la información presentada, no existe una certificación similar que demuestre que las claves estaban en su poder al momento en que se realizaron las operaciones.
La defensa también sostuvo que el dinero utilizado para comprar las criptomonedas provenía de ahorros familiares que Adorni mantenía fuera del sistema financiero.
Otro de los puntos centrales de la presentación es el cálculo realizado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien había detectado una diferencia de $43.068.549 al comparar los ingresos y egresos reconstruidos.
La defensa de Adorni rechazó que esa diferencia constituya una “desproporción manifiesta” y afirmó que representa un 15,8% de los egresos totales reconstruidos y un 18,7% de los ingresos lícitos computados.
Para sus abogados, se trata de una diferencia que puede explicarse dentro de los márgenes propios de una reconstrucción económica de un grupo familiar durante más de dos años.
El escrito presentado ante la Justicia incluye además explicaciones sobre otros movimientos que habían quedado bajo análisis.
En relación con las obras realizadas en su vivienda del country Indio Cuá, Adorni negó haber gastado los US$245.929 que había mencionado un contratista. Su defensa afirmó que el desembolso real fue de US$174.954,58, cifra que, según sostuvo, coincide con la documentación contable y con una valuación independiente del costo de las obras.
También explicó por qué algunas compras de bienes destinados a él o a su familia aparecieron registradas a nombre de terceras personas.
Entre ellas figuran un monitor gamer y dos proyectores, adquiridos por un total de $5.848.589, y una compra de sommiers y ropa blanca por $8.183.383. La defensa argumentó que se trató de situaciones vinculadas a personas de confianza de Adorni, entre ellas funcionarias que trabajaban con él.
Con la presentación ya realizada, la fiscalía deberá analizar la documentación aportada y determinar si considera suficiente la explicación de Adorni.
Si el fiscal entiende que persisten inconsistencias que deben ser aclaradas, podría solicitar que el exfuncionario sea citado a declaración indagatoria por enriquecimiento ilícito. El juez que interviene en la causa es Ariel Lijo.
La defensa, en tanto, sostuvo que con la documentación presentada quedó cumplida la obligación de brindar una explicación “razonable, verosímil, comprobable, lícita y proporcionada” sobre su patrimonio.
