Analía Edith Rosales quedó con 2 años y 2 meses de prisión condicional y una multa de $25.000, porque se probó su participación en dos hechos distintos.
Además, el juez valoró las comunicaciones telefónicas que mantuvo con Rolando Navarro Saide —condenado previamente como jefe de la organización—, en las que consultaba por la demora de "los DNI" y hablaba sobre la posibilidad de pedir préstamos y hacer compras. Esas conversaciones desvirtuaron su argumento de que solo quería renovar su propio documento.
El caso más grave fue el de Carlos Fabián Prato. Condenado a 1 año y 10 meses en esta causa, tenía además una condena anterior por infracción a la Ley de Estupefacientes. El juez unificó ambas penas en una condena única de 3 años y 10 meses de prisión efectiva.
Cómo funcionaba la maniobra
Los acusados se presentaron personalmente en la delegación Pocito del Registro Civil y aportaron sus datos biométricos —huellas y demás registros— para iniciar trámites de DNI. El detalle es que las solicitudes llevaban el nombre y los datos de otras personas, no los de ellos. Al retirarse, recibieron un comprobante donde figuraban esos nombres ajenos.
El RENAPER detectó las inconsistencias antes de que los documentos fueran emitidos, lo que llevó a que los hechos quedaran en grado de tentativa. Pero el juez fue claro: que no se hayan consumado no fue mérito de los acusados sino resultado de controles externos. "El fracaso de las maniobras obedeció a circunstancias ajenas a la voluntad de las personas acusadas y no a una imposibilidad objetiva de consumar el delito", sostuvo Doffo en su sentencia.
Las defensas sostuvieron que los acusados simplemente habían ido al Registro Civil a hacer un trámite sin saber que participaban en algo ilegal. El juez descartó ese planteo con varios argumentos: los imputados tenían su propio DNI vigente al momento de los hechos, eligieron una oficina lejos de sus domicilios habituales para hacer el trámite y aportaron direcciones inexistentes o de difícil localización para que los documentos volvieran a Pocito en lugar de ser enviados por correo.
Las defensas también intentaron que los hechos fueran calificados como tentativa de delito imposible, alegando que los controles del RENAPER hacían inviable la maniobra. El juez lo rechazó con un dato concreto de la propia investigación: de las 14 personas que intentaron usurpar la identidad de 22 víctimas, cinco lograron concretar la maniobra. Es decir, el sistema no es infalible.
El origen de la causa: la organización del Registro Civil de Pocito
Esta condena es la segunda derivada de la misma investigación. En mayo, la entonces encargada de la delegación Pocito del Registro Civil, Natalia Castillo, había sido condenada junto a otros integrantes de una asociación ilícita dedicada a emitir DNI con identidades falsas para cometer estafas. En esa instancia quedó acreditado que la estructura logró obtener al menos cinco documentos apócrifos, utilizados para sacar préstamos, comprar electrodomésticos y otras maniobras defraudatorias.
La causa abarcó 23 casos en total, con allanamientos en junio y septiembre de 2025, y denuncias realizadas por el propio RENAPER. En un año y cinco meses desde el inicio, la Justicia condenó a los cinco integrantes de la asociación ilícita, a una persona que intervino en un caso consumado sin pertenecer a la organización y ahora a las seis personas que aportaron sus datos biométricos para los DNI.
