“Es inadmisible que los adultos mayores deban enfrentar trabas burocráticas y administrativas para acceder a los medicamentos que necesitan. Estas medidas no solo afectan su salud, sino que además violan el principio de no discriminación consagrado en nuestra legislación y tratados internacionales”, expresó la defensora Florencia Peñaloza.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo de San Juan solicitó que el PAMI implemente un sistema automatizado de acceso, basado en el cruce de datos con organismos oficiales como la ANSES, para simplificar los trámites y garantizar el acceso igualitario al subsidio. Asimismo, se insta a las autoridades nacionales a adoptar un enfoque que respete los derechos humanos y la dignidad de los jubilados.
La resolución también alerta sobre las graves consecuencias de estas medidas en el contexto actual de inflación y elevados costos de vida, que agravan la situación de vulnerabilidad económica y social de los jubilados y pensionados.
El acceso a la salud, según la Defensoría, debe entenderse como un derecho esencial que incluye no solo el tratamiento médico, sino también la provisión de medicamentos como bienes sociales básicos.
“El acceso a la salud no puede estar condicionado por ingresos, propiedades o trámites complejos. Es una obligación del Estado y de sus organismos garantizar que ningún adulto mayor quede excluido de su derecho a vivir con dignidad”, concluyó la Dra. Peñaloza.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de proteger los derechos de las personas mayores y exige acciones inmediatas para asegurar su acceso a la salud en condiciones de equidad y respeto por su dignidad.
