La jueza de Garantías Verónica Chicón concedió la prisión domiciliaria a Rocío Belén Solar, Camila Araya y Carla Elizondo Díaz. La causa investiga presuntas estafas contra adultos mayores.
La causa conocida como el Clan de la Viuda Negra tuvo una novedad judicial este jueves: tres mujeres imputadas podrán continuar detenidas en sus domicilios.
La jueza de Garantías Verónica Chicón hizo lugar a los planteos de las defensas durante una audiencia de revisión de medidas cautelares y otorgó el beneficio a Rocío Belén Solar, Camila Araya y Carla de Lourdes Elizondo Díaz.
La decisión modifica el lugar donde las acusadas cumplirán la medida de coerción, pero no implica que hayan sido sobreseídas ni que se hayan retirado los cargos en su contra. La investigación penal continúa para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados en las presuntas maniobras contra adultos mayores.
Los abogados Gustavo De La Fuente y Franco Vázquez solicitaron la morigeración de las medidas de detención a partir de las circunstancias personales y de salud de las tres mujeres.
Solar está embarazada y, al igual que Araya, es madre. En el caso de Araya, además, la defensa presentó documentación sobre una enfermedad crónica. Elizondo Díaz, por su parte, había sufrido una descompensación antes de la primera audiencia del expediente y necesitó asistencia médica.
Esas situaciones fueron consideradas por la jueza al resolver los planteos. Con el beneficio concedido, las tres deberán cumplir la prisión domiciliaria bajo las condiciones de control que disponga la Justicia.
El expediente apunta a una presunta organización integrada por familiares y allegados de Carina Fernanda Godoy, señalada por los investigadores como la posible cabecilla del grupo.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que los involucrados habrían aprovechado vínculos de confianza con personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad para acceder a sus cuentas bancarias, gestionar créditos a sus nombres y avanzar sobre sus bienes, incluidos inmuebles.
De acuerdo con la investigación, las presuntas maniobras se habrían concretado mediante engaños y aprovechando la relación que los sospechosos mantenían con las víctimas. La Fiscalía busca reconstruir cómo se habrían realizado las operaciones económicas y patrimoniales y qué participación habría tenido cada imputado.
Entre las situaciones más graves expuestas en el expediente judicial aparece el caso de un exmédico jubilado con ceguera total que sufrió la maniobra financiera. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la organización utilizó su identidad para gestionar operaciones crediticias por un total cercano a los $50.000.000.
En otro de los casos recabados, un adulto mayor que figuraba como desaparecido fue localizado por la policía en una vivienda del barrio Córdoba. El hombre declaró haber permanecido encerrado en ese inmueble y afirmó que "nunca había solicitado los créditos que aparecían registrados a su nombre" en las entidades financieras.
La investigación está a cargo del fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari.
La resolución de este jueves representa un cambio en la situación procesal de Solar, Araya y Elizondo Díaz, pero no define el fondo del expediente. Las tres continúan imputadas y la investigación deberá avanzar sobre las pruebas reunidas y las presuntas responsabilidades que se atribuyen a los integrantes del grupo.
La prisión domiciliaria es una modalidad de cumplimiento de la medida cautelar. No equivale a una absolución ni a una declaración de inocencia o culpabilidad.
El proceso judicial continuará mientras la Fiscalía procura establecer cómo funcionaban las maniobras denunciadas y quiénes participaron de ellas.
