Pervertido reincidente fue nuevamente condenado y va directo al penal por siete años
Alejandro Nahuel Pérez Molina fue condenado a 7 años de prisión efectiva tras comprobarse la tenencia y distribución de material de abuso infantil. Ya tenía una condena previa por hechos similares.
La Justicia sanjuanina volvió a condenar a Alejandro Nahuel Pérez Molina, un hombre que ya había sido juzgado en 2022 por delitos vinculados a material de abuso sexual infantil y que ahora recibió una pena unificada de 7 años de prisión efectiva, tras comprobarse que reincidió en conductas de extrema gravedad.
El fallo fue dictado por la jueza Flavia Allende, quien lo encontró responsable de los delitos de tenencia y distribución de material de abuso y explotación sexual infantil, agravados por la edad de las víctimas, ya que el contenido incluía a menores de 13 años, incluso bebés.
Durante el juicio, la fiscalía expuso un volumen significativo de pruebas que resultaron determinantes. Entre los elementos secuestrados en allanamientos autorizados judicialmente, se encontraron celulares y una computadora que, tras ser peritados, contenían más de 1.500 archivos, entre fotos, videos y otros formatos de contenido ilegal. Según la acusación, ese material no solo estaba almacenado, sino también preparado para su circulación a través de distintas plataformas digitales.
La investigación se inició en octubre de 2024, a partir de una alerta internacional que detectó el envío de archivos con contenido ilegal a través de redes sociales. A partir de ese dato, los investigadores lograron identificar al sospechoso mediante su dirección IP y avanzar con las medidas judiciales que derivaron en el secuestro de los dispositivos.
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En el desarrollo del debate también surgieron indicios de que el acusado habría intentado contactar a menores haciéndose pasar por adolescente para solicitar material íntimo. Sin embargo, esa línea no pudo sostenerse judicialmente por falta de pruebas concluyentes sobre la identidad de los interlocutores.
En cuanto a la pena, en un primer momento se le impusieron 6 años de prisión, pero la jueza resolvió además revocar la condena condicional de un año que pesaba sobre él desde 2022 por un hecho similar. De esta manera, ambas sanciones se unificaron en una pena única de 7 años de cumplimiento efectivo, que deberá cumplir en el Penal de Chimbas.
El tribunal también dispuso su inhabilitación absoluta, el decomiso de todos los dispositivos electrónicos y el mantenimiento de las medidas de coerción hasta que la sentencia quede firme. En tanto, el pedido de reparación económica solicitado por la fiscalía fue rechazado, y los fundamentos completos del fallo se darán a conocer en las próximas semanas.
