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Duro mensaje de la Iglesia: "El narco avanza donde el Estado no llega"

La Iglesia volvió a poner el foco en el narcotráfico y advirtió sobre su avance en los barrios. Pidió políticas integrales y cuestionó la ausencia del Estado.

La Conferencia Episcopal Argentina volvió a encender una señal de alarma sobre el avance del narcotráfico en el país, con un mensaje que excede lo pastoral y se instala en el plano político y social. A partir del trabajo territorial de sacerdotes en zonas vulnerables, la Iglesia trazó un diagnóstico directo: el crecimiento de las redes delictivas no es aislado, sino el resultado de la ausencia sostenida del Estado en sectores clave.

El planteo no se limita a una advertencia. Los obispos describen un escenario en el que el narco dejó de ser solo un actor criminal para convertirse en una estructura que ocupa espacios vacíos. En barrios donde faltan oportunidades, contención y servicios básicos, estas organizaciones avanzan ofreciendo asistencia económica, vínculos y una lógica de pertenencia que termina captando a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Desde esa mirada, la respuesta centrada exclusivamente en el refuerzo policial aparece como insuficiente. La Iglesia insiste en que el problema requiere una estrategia integral que incluya educación, salud y políticas de inclusión sostenidas en el tiempo. Sin esa base, sostienen, cualquier intervención represiva pierde eficacia frente a una problemática que se arraiga en lo social.

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El documento también apunta a la dirigencia política. Advierte que mientras la agenda pública se concentra en disputas coyunturales, el narcotráfico consolida su presencia territorial con mayor organización y capacidad operativa. En ese contexto, el Episcopado plantea la necesidad de un acuerdo amplio que convierta la lucha contra este fenómeno en una política de Estado, sostenida más allá de los cambios de gestión.

Otro de los ejes centrales del mensaje es la naturalización del consumo y la violencia, especialmente en centros urbanos. Para la Iglesia, ese proceso refleja un deterioro del tejido social que, sin intervención urgente, puede profundizarse. En paralelo, remarcan la importancia de atacar las estructuras económicas del delito, en particular el lavado de dinero, como una de las claves para desarticular el circuito.

El pronunciamiento deja un llamado concreto: la problemática ya no se limita a sectores marginales, sino que atraviesa distintos niveles de la sociedad. En ese escenario, la Iglesia busca reactivar el debate y presionar por respuestas estructurales frente a un fenómeno que, advierten, crece al ritmo de la falta de políticas sostenidas.